viernes, 23 febrero, 2024

EL PRESIDENTE ÁNGEL VÍCTOR TORRES VE “LEGÍTIMO” QUE EL CABILDO DE LANZAROTE RECLAME SU COMPETENCIA EN MATERIA ACUÍCOLA

Por: CN8

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha defendido la acción jurídica de la Institución y espera que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y el propio Consejo Consultivo de Canarias, si fuera preciso, de la razón a la Institución

Era un compromiso adquirido con algunos sectores sociales lanzaroteños por el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y por la propia presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo: mantener un encuentro monográfico con los interesados y exponer con argumentos claros la situación actual sobre el posible desarrollo de la industria acuícola en aguas de la Isla

“Esta reunión me parecía importante por los mensajes que se están dando, generando alarma sobre una posición diferencial que este Cabildo y este grupo de Gobierno en concreto ha tomado de forma novedosa; que no es otra que la oposición al desarrollo de la acuicultura en Lanzarote”, señalaba hoy la presidenta insular.

Torres y Corujo han intervenido este lunes en el Islote de la Fermina (Arrecife) en una reunión de trabajo para responder a las dudas que surgen en torno al desarrollo del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC). María Dolores Corujo volvió a certificar que no habrá instalación de piscifactoría alguna en aguas de Lanzarote porque así ha sido consensuado por instituciones, cofradías de pescadores, así como por las asociaciones turísticas y deportivas de la Isla; y porque el Estatuto de Autonomía así lo posibilita

“La tesis jurídica que sostiene el Cabildo de Lanzarote es que tanto la ley de pesca como el propio Estatuto de Autonomía transfiere y reconoce a los Cabildos las competencias en materia de acuicultura”, aclaraba tras la reunión la presidenta insular, aclarando a renglón seguido que se ha abierto un nuevo proceso de alegaciones a cualquier concesión de explotación acuícola al amparo del PROAC en Lanzarote. “Este proceso posibilitará ahora que los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma -e igualmente el Consejo Consultivo si fuera preciso- sean los que aclaren la posición que ha mandatado desde el inicio este Cabildo de Lanzarote”.

 

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