Podemos Canarias ha exigido este jueves al Gobierno de Canarias la rescisión inmediata del contrato de seguridad privada en los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud en Gran Canaria tras las denuncias trasladadas por representantes sindicales de los trabajadores, que alertan de retrasos salariales, precariedad laboral y posibles incumplimientos reiterados por parte de la empresa adjudicataria PCV Seguridad.
La formación mantuvo una reunión con Francisco Medina y Manuel García, representantes de los trabajadores de USO, quienes describieron una situación “insostenible” que afecta a alrededor de 140 trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en hospitales y centros de salud de Gran Canaria. Según denunciaron, la situación ha empeorado desde 2025 y la empresa acumularía una deuda cercana a los cuatro millones de euros mientras continúan produciéndose retrasos e impagos salariales.
Podemos Canarias considera “inadmisible” que el Ejecutivo autonómico alegue que el contrato se encuentra “en precario” tras quedar desierto el concurso público para justificar la ausencia de controles suficientes sobre la concesión. La organización recuerda que la administración mantiene plenamente sus obligaciones de fiscalización y supervisión sobre cualquier servicio financiado con recursos públicos.
La coordinadora autonómica de Podemos Canarias y diputada en el Congreso, Noemí Santana, señaló que “no puede sostenerse un servicio esencial de la sanidad pública sobre salarios impagados, precariedad y empresas incapaces de garantizar derechos laborales básicos”. Santana añadió que “si hay dinero público, debe existir también control público. La administración no puede desentenderse mientras trabajadores y trabajadoras sufren retrasos salariales y un deterioro constante de sus condiciones laborales”.
Los representantes sindicales también trasladaron la existencia de bajas psicológicas y por depresión, problemas de cobertura de personal y riesgo de cierre de determinados servicios por falta de efectivos. Además, denunciaron posibles incumplimientos ante la Inspección de Trabajo y recordaron que la plantilla ya sufrió anteriormente las consecuencias del caso de Seguridad Integral Canaria.
Ante esta situación, Podemos Canarias reclama la extinción del contrato actual y la puesta en marcha inmediata de un contrato de emergencia que garantice la continuidad del servicio, el cobro puntual de las nóminas y la estabilidad laboral de la plantilla. La formación también exigirá mecanismos de fiscalización mensual obligatoria sobre las empresas adjudicatarias de servicios públicos esenciales para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La organización defiende además abrir un debate público sobre la recuperación progresiva para lo público de los servicios de seguridad en infraestructuras sanitarias. “Cuando se privatizan servicios esenciales sin control suficiente, quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores y la ciudadanía”, afirmó Santana.
Podemos Canarias estudiará igualmente trasladar al Congreso de los Diputados las consecuencias laborales derivadas de la llamada “Doctrina Somoza” y sus efectos sobre trabajadores y trabajadoras de empresas concesionarias vinculadas a servicios públicos esenciales.
