Ciudadanos (Cs), el Partido
Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han forzado con sus votos la celebración de un pleno extraordinario en el que abordarán de forma monográfica la deuda municipal del pacto de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) con sus proveedores.
El pleno, pendiente aún de fecha pero que debe ser convocado por el Alcalde en un plazo máximo de 15 días, abordará las deudas contabilizadas en la denominada cuenta 413, que recoge aquellos gastos y adquisiciones no imputados al presupuesto al haberse generado sin el procedimiento administrativo correspondiente.
Estos gastos y adquisiciones, informalmente llamadas ‘facturas en los cajones’ y por tanto no contabilizadas, rondan en la actualidad los 80 millones de euros y afectan a más de 350 proveedores que siguen esperando para cobrar, en algunos casos,
desde el año 2016, abarcando importes que van desde los 100 euros hasta los 14 millones, dado que en la citada cuenta hay tanto grandes empresas -como Emalsa o FCC- como pequeñas imprentas o ferreterías.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha considerado que “este grupo de gobierno está ahogando a los proveedores municipales. Muchas empresas no están cobrando porque los contratos se encuentran vencidos. Es vergonzoso que Las Palmas de Gran Canaria tenga un Consistorio que no sólo tarda más en pagar a sus proveedores de toda Canarias sino que se sitúe como el tercero más moroso de todo el territorio nacional. Llevamos denunciando esta situación durante mucho tiempo sin que se tome ninguna medida al respecto.
Y todo esto con un saldo positivo en los bancos de más de 320 millones de euros, pero pagando intereses de demora millonarios por su nefasta gestión y abocando al cierre de muchas pymes y autónomos con su falta de pago”. Por ello, estimó “necesario un plan de choque para poner todos los contratos vencidos en vigor y revisar de forma trimestral las facturas pendientes”.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Pepa Luzardo, ha pedido al Alcalde Augusto Hidalgo (PSOE) que realice las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para pagar “lo antes posible” a las empresas, y recordó que la deuda que sí está reconocida se está pagando a 242 días, cuando la ley establece 30 días de plazo máximo, y que algunas empresas municipales como Geursa lo hacen a 568 días, lo que calificó de “disparate”. Asimismo, lamentó que el Pleno no aborde cada trimestre las facturas incluidas en la cuenta 413, a pesar de que la ley así lo establece, y enfatizó que la actual situación de impagos se debe a la gran cantidad de contratos vencidos y en nulidad fruto de la “ausencia absoluta de gestión” de un alcalde “en huida hacia el Cabildo”. “Tenemos un grave problema que sufren muchísimos proveedores y acreedores mientras tenemos las cuentas bancarias más abultadas que nunca”, indicó Luzardo.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, indicó que este Ayuntamiento debe activar de una vez por todas un plan de choque para pagar a las pequeñas y medianas empresas “a las que tiene asfixiadas y debe 72 millones de euros” mientras el alcalde Augusto Hidalgo “tiene 320 millones de euros en los bancos y, sin embargo, es uno de los peores del Estado en pagar facturas, con lo cual está castigando la economía de la ciudad”. Las consecuencias de la “nefasta gestión” de este Ayuntamiento, continuó Candil, es que paga en torno a 20 millones de euros en intereses “por pagar tarde y mal a sus proveedores”. Además, recordó que estos 20 millones de euros “salen del bolsillo de todos ciudadanos” al tiempo que fuerza a las pymes a financiarse “pidiendo préstamos para afrontar el coste de mantenimiento de sus empresas”. En definitiva, siete años de gobierno de este tripartito “en los que no se ha tomado ninguna medida para solventar esta situación, lo que demuestra un claro síntoma de agotamiento político”, dijo.
