A finales de julio, Ceuta vivió su episodio migratorio más grave desde 2021. En apenas cuarenta y ocho horas, entre el 30 y el 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron a nado o bordeando el espigón del Tarajal hasta llegar a una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, que se vio desbordada. El balance ha sido trágico: al menos 141 personas fallecidas, la cifra más alta desde la tragedia del Tarajal en 2014. El Gobierno desplegó al Ejército para reforzar a la Guardia Civil mientras miles de personas eran devueltas a Marruecos. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió a Moncloa declarar la emergencia nacional; el Ministerio del Interior lo rechazó a pesar de que Pedro Sánchez declaró que estábamos ante un “ataque a la integridad territorial de España”.
Mientras, se ha generado una crisis interna y externa en España: el PP y el PSOE avivan su enfrentamiento, las comunidades se niegan a acoger a los menores, el Gobierno exonera de toda responsabilidad a Marruecos (frente a la opinión general), Italia impone controles fronterizos con España, Europa se asusta y recrimina al Gobierno español, siguiendo los pasos de Meloni.
Lo más inquietante no es la magnitud de la avalancha, sino su patrón. Fuentes de la Guardia Civil describieron la colaboración marroquí como «superficial»; sindicatos policiales denunciaron que Rabat «no está haciendo absolutamente nada» para impedir las entradas. No es la primera vez: en 2021, tras la hospitalización de Brahim Ghali, quedó documentado que Marruecos quiso «poner en evidencia qué pasaría si España no contara con su cooperación migratoria», según el CIDOB. Mas de 10.000 inmigrantes entraron en la ciudad ante la pasividad de la gendarmería marroquí.
Coincidiendo con el acercamiento español a Argelia y con una sentencia del Supremo que limita las devoluciones en caliente a las personas migrantes que llegan por mar, la válvula se volvió a abrir: la migración convertida en instrumento de política exterior. Nadie se puede creer que Marruecos no estuviese al tanto de lo que se estaba tramando ni de que no tuviera capacidad para controlar la situación. Una vez más la utilización de las personas por parte de ese país como armas arrojadizas. Una vez más el reino alauita recurriendo a la memoria de la Marcha Verde sobre el Sáhara, a la amenaza de que es muy fácil volver a hacerlo.
Cuando escribo estas líneas, después de una convocatoria masiva en redes llamando a llegar a Ceuta el sábado 15, la actitud marroquí es otra: exhibe con firmeza el control tanto de su frontera marítima como terrestre. Demuestra así que tiene la llave para provocar acciones de este tipo. Abre o cierra cuando quiere y le conviene, y no le importa las muertes que se produzcan. Demuestra su poder político y policial. Mientras, a la hora de mandar este texto al periódico, el domingo al mediodía, Ceuta sigue envuelta en una calma tensa, con sus servicios desbordados. No ha sido fruto de la casualidad la reivindicación de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, de Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, el pasado martes día 11 de agosto.
Conviene recordar un viejo refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Hoy es Ceuta; mañana, si no actuamos, puede ser Canarias. No hablo solo de presión migratoria, hablo de algo que llevo advirtiendo desde hace meses: el envalentonamiento de Marruecos y sus consecuencias directas sobre la soberanía y los intereses estratégicos de nuestro archipiélago.
En diciembre de 2025 escribí «Dajla, una expansión que compromete a Canarias», a raíz de la misión comercial de PROEXCA y FEDEPORT para animar al empresariado canario a invertir en el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Denuncié entonces -y sostengo hoy- la ilegalidad de fondo de esa operación: se invierte en un territorio ocupado, pendiente de descolonización según Naciones Unidas, para levantar una infraestructura de 1.300 millones de euros pensada para competir con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Un mes después, en «Algeciras hoy, Las Palmas mañana», expliqué por qué ese riesgo no es hipotético: el desarrollo de Tánger Med, con fuerte respaldo estatal, ha desplazado a Algeciras de su liderazgo mediterráneo. Ese mismo patrón se replica hoy con Dajla frente a nuestro puerto.
Lo que da hoy mayor urgencia a esa advertencia es el envalentonamiento internacional de Marruecos. El 1 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la coronación de Mohamed VI, Donald Trump reafirmó el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, calificó de «inaceptable» cualquier alternativa al plan de autonomía de Rabat y anunció más cooperación en el Sahel. Días antes había agradecido que Marruecos bautizara con su nombre una autopista por la costa saharaui ocupada. Detrás hay algo más que simbolismo: Washington y Rabat firmaron en febrero un memorando sobre minerales críticos que cubre el Sáhara Occidental, mientras avanzan las negociaciones para vender a Marruecos más de treinta cazas F-35 y helicópteros Apache, tras contratos ya cerrados por 333 millones de euros.
A ese respaldo se suma un rearme sostenido por la alianza con Israel. Marruecos e Israel firmaron en enero de 2026 su tercer plan militar conjunto desde los Acuerdos de Abraham, con sistemas antimisiles Barak MX, artillería de Elbit Systems, satélites Ofek-13 y fabricación bajo licencia de drones israelíes. El presupuesto de defensa marroquí para 2026 ronda ya los 19.000 millones de dólares -cerca del 13% del PIB-, muy dependiente de tecnología israelí, lo que limita también la propia soberanía operativa de Rabat.
No es baladí que el nuevo centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), fruto de ese acuerdo, esté situado en Tan-Tan, una ciudad que dista 200 kilómetros de Lanzarote y que ya haya realizado una primera demostración, con fuego real, con misiles de crucero de largo alcance y bajo coste. No creo que nadie piense que todos estos hechos concatenados sean frutos de la casualidad. Se están mandando a España, y a la Unión Europea, mensajes claros y contundentes sobre los cambios geoestratégico en la zona y el poder adquirido por Marruecos.
A esa presión migratoria y militar se suma una tercera, menos visible pero no menos grave: la batalla por nuestras propias aguas. Desde 2019, cuando Marruecos aprobó unilateralmente las leyes 37-17 y 38-17, Rabat sostiene que la frontera marítima con España debe fijarse por el «principio de equidad» y no por la línea media que rige de facto entre Fuerteventura y Tarfaya. La reclamación alcanza aguas próximas a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, y las negociaciones -según Atalayar, medio afín a Rabat- estarían ya «en su fase final», envalentonadas por la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU. En el corazón de esa disputa está el Monte Tropic, volcán submarino a 260 millas al suroeste de El Hierro, con la mayor reserva mundial conocida de telurio -2.670 toneladas, para más de 200 millones de vehículos eléctricos-, además de cobalto, níquel y tierras raras críticas para la UE. España pidió en 2014 a la ONU ampliar su plataforma continental para asegurar ese yacimiento; once años después sigue sin resolución, mientras medios próximos a Rabat plantean ya una «explotación conjunta» a cambio de aceptar, por la puerta de atrás, su soberanía sobre el Sáhara. Han llegado a poner sobre el tapete hacer un reconocimiento de la soberanía española sobre Canarias, renunciando a reclamaciones como las de Ceuta y Melilla, si se les concede todo esto.
El mismo patrón se repite en el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Desde 1976, por mandato de la OACI, España gestiona ese espacio -la FIR/UIR Canarias- a través de Enaire desde Gran Canaria, como potencia administradora, no soberana, del territorio. Pero Marruecos controla ya los aeródromos de El Aaiún y Villa Cisneros, y fuentes del sector calculan que entre el 15% y el 20% del espacio aéreo saharaui está de facto bajo su gestión, mediante zonas de exclusión aérea declaradas para ejercicios militares. La cesión total lleva sobre la mesa desde la declaración conjunta de 2022, condicionada, según distintas fuentes, a la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla; solo la resistencia del Gobierno, forzada por una proposición aprobada en el Congreso en 2025, ha evitado hasta ahora el traspaso. La información aeronáutica de la zona ya aparece también en la publicación oficial marroquí, un riesgo operativo real para la seguridad del tráfico que sobrevuela nuestro archipiélago. Ceder ese control equivaldría a renunciar, en los cielos, a la misma posición estratégica que defendemos en el mar y en nuestros puertos.
Este envalentonamiento tiene además una traducción empresarial muy cercana. Semanas después de mi primer artículo sobre Dajla se hizo pública la adquisición del 45% de Boluda -operador portuario y naviero con presencia en Canarias- por Marsa Maroc, empresa semipública marroquí. Dudo que esa operación no afecte a Canarias ni a la seguridad del Estado; sé que se está estudiando por la Junta de Inversiones Exteriores y deberá pasar por el Consejo de Ministros, y sigo insistiendo en que se valore con rigor.
Casi en paralelo, el propio Gobierno de Canarias sigue promoviendo misiones para estrechar la cooperación con Marruecos en turismo y puertos, sectores que compiten directamente con los nuestros. Me parece una irresponsabilidad y me preocupa que sean tan pocas las voces institucionales que se alzan frente a estos hechos consumados.
Migración como palanca de presión diplomática; expansión portuaria en un territorio ocupado que compite con nuestros puertos; reclamaciones marítimas sobre las aguas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con el Monte Tropic como botín; un control cada vez más efectivo sobre el espacio aéreo del Sáhara que gestionamos desde Canarias; y un rearme sin precedentes respaldado por Washington y Tel Aviv. No son frentes aislados: son la misma estrategia de fondo, la de un Marruecos que ha aprendido que los hechos consumados -en la frontera, en el mar, en el subsuelo, en el cielo o en el tablero atlántico- rara vez encuentran respuesta firme de sus vecinos europeos. Ceuta lo ha vuelto a demostrar. Algeciras ya lo demostró con Tánger Med. Y Canarias corre el riesgo de convertirse en el siguiente episodio, amparando además, en el caso de Dajla y del Tropic, una ocupación ilegal según el derecho internacional. Por otra vía, ya les fue muy bien destrozando la pesca artesanal y el sector tomatero de Canarias. Ahora tocan los puertos y el turismo.
Y este escenario se vuelve aún muchísimo más preocupante ante la política oficial de claudicación del Gobierno de España frente a Marruecos, un socio nada fiable: en 2022, Pedro Sánchez abandonó la tradicional posición de neutralidad sobre el Sáhara para respaldar la propuesta marroquí. Ahora, ante la crisis de Ceuta, la dependencia de la cooperación marroquí vuelve a condicionar la respuesta española, incluso ante una cuestión de soberanía nacional. En cada jugada que hacen van ganando fichas importantes en el tablero del ajedrez internacional.
Por eso insisto en algo que ya he planteado en artículos como este o en la Junta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas: no podemos mirar hacia otro lado. Ni ante quienes, desde instituciones canarias o patronales, animan a invertir en sectores que compiten con nuestra economía, ni ante un contexto internacional en el que la posición de fuerza de Marruecos crece cada mes. Defender el Puerto de La Luz y de Las Palmas, nuestra posición estratégica en el Atlántico y exigir coherencia al Estado y a la Unión Europea entre principios y decisiones no es una cuestión ideológica: es una obligación institucional para quienes debemos proteger el futuro económico y político de Canarias.
