El propio Gobierno, a través de la Consejería de Política Territorial, asegura en un informe oficial que “no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial” por las leyes de medidas urgentes (6/2001) ni por la de directrices (19/2003), sí por la 6/2009
Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista, asegura que no hay una sola sentencia indemnizatoria con relación a la moratoria de 2001 y a las directrices de 2003, como reconoce la propia Consejería de Política Territorial del actual Gobierno de Canarias en un informe oficial remitido a nuestro grupo parlamentario en abril del pasado año. La falsedad difundida por el Ejecutivo de Clavijo pretende trasladar a la sociedad que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico, como han demandado masivas movilizaciones en los últimos años. Lo que no es cierto, como demuestran ejemplos como el de Veneguera.
Pese a lo difundido por el Gobierno de las dos derechas, la realidad es bien distinta. Lo confirma un informe oficial que da respuesta a la solicitud de nuestra diputada Esther González en torno a la responsabilidad patrimonial devenida por la aplicación de la Ley 6/2001, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio; la Ley 19/2003, por el que se aprueban las directrices de ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canaria; y la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
Tajante respuesta de Política Territorial
La respuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas es tan clara como tajante: “En cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (Ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial”.
Señalando, por otra parte, que el Gobierno “trabajaba “en la ejecución de las sentencias respecto “al 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Ley que generó efectos indemnizatorios, no las otras.
Román Rodríguez asevera que las falsedades del Gobierno de Clavijo tienen dos motivaciones. Por un lado, eludir responsabilidades de quienes aprobaron en el Parlamento la ley 6/2009, normativa con la que Nueva Canarias fue muy crítica. Y, en segundo lugar, tratar de cercenar el debate sobre los límites al crecimiento y el establecimiento de una nueva moratoria, que se encuentra entre las reivindicaciones centrales de las grandes movilizaciones en defensa de otro modelo turístico, sostenible económica y socialmente, que se produjeron en Canarias en 2024 y 2025.
Recuerda, al respecto, que la moratoria de 2001 permitió desclasificar más de 300.000 camas, sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera. Y que fue esencial para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido.
