Podemos Canarias insta a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico a aprovechar el parón estival para ejecutar las obras necesarias que garanticen la
accesibilidad universal en todos los centros escolares del Archipiélago, en cumplimiento del Real Decreto 132/2010. La formación advierte que, más de una década después de la entrada en vigor de esta normativa, numerosos colegios e institutos siguen sin estar adaptados para el acceso y desplazamiento de personas con movilidad reducida.
Ascensores que no funcionan, edificios sin rampas, escaleras sin alternativa y aulas imposibles de alcanzar: esta es la realidad que afrontan cada septiembre estudiantes y personal educativo en Canarias. Aunque la ley obliga a eliminar estas barreras, en la práctica persisten centros públicos que no cumplen ni los mínimos de accesibilidad
exigidos.
Podemos Canarias subraya que se trata únicamente de garantizar el derecho básico de que cualquier persona pueda entrar, desplazarse y ejercer su derecho a la educación y al trabajo sin discriminación.
El Real Decreto exige que todos los centros dispongan de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras estipuladas por la normativa vigente, lo que hoy, en muchos casos, no se cumple.
Además, la formación denuncia la falta de datos públicos y auditorías sistemáticas que permitan conocer cuántos centros incumplen la ley. “El Gobierno no publica estadísticas sobre accesibilidad educativa. Esa opacidad es parte del problema. Pero basta recorrer
cualquier isla para constatar que el derecho a estudiar en igualdad se sigue negando a muchas personas”, afirmó Ana Gloria Sánchez Ruano, portavoz de Podemos Canarias en materia educativa.
El partido recuerda que el verano es el único momento del año en que pueden ejecutarse obras sin interferir en el curso escolar. “Si no se actúa ahora, se pierde otra oportunidad.
Las barreras arquitectónicas también son barreras sociales, y cada escalón sin rampa deja atrás a alguien”, añadió Sánchez Ruano.
Podemos Canarias exige un plan de actuación inmediato, con presupuesto y cronograma público, para que en septiembre ningún centro educativo del Archipiélago continúevulnerando la legislación básica en accesibilidad. “El derecho a la educación no puede
depender de si hay o no ascensor”, concluyó la portavoz.
