El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha exigido este martes responsabilidades políticas al gobierno de Carolina Darias tras el fracaso de la ordenanza de la tasa de basura, cuya anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligará al Ayuntamiento a devolver las cantidades cobradas a miles de vecinos.
Para Suárez, «estamos ante uno de los mayores fracasos de gestión de este mandato. No hablamos de un simple defecto administrativo. Hablamos de una ordenanza fiscal que afectaba directamente al bolsillo de miles de familias y que el gobierno municipal aprobó sin las suficientes garantías jurídicas y técnicas, provocando un perjuicio para los ciudadanos y una enorme inseguridad jurídica».
El portavoz nacionalista considera «inadmisible» que, tras un error de esta magnitud, «nadie asuma responsabilidades. En cualquier administración seria, cuando una decisión de esta trascendencia acaba siendo anulada por los tribunales y obliga a devolver millones de euros, hay responsables políticos que dan explicaciones y, si es necesario, presentan su dimisión. En Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, parece que aquí nunca responde nadie por nada.»
Suárez recordó que la obligación de implantar la tasa venía marcada por la legislación estatal, «pero esa obligación nunca justificó hacer las cosas mal.El problema no era crear la tasa; el problema fue hacerla mal. El gobierno de Carolina Darias optó por las prisas, la improvisación y la falta de rigor técnico, y hoy las consecuencias las pagan los vecinos y las propias arcas municipales.»
En este sentido, el portavoz de Coalición Canaria subrayó que el Ayuntamiento está obligado a devolver las cantidades cobradas indebidamente, una actuación que no responde a un gesto de buena voluntad del gobierno, sino al cumplimiento de una obligación legal tras la anulación judicial de la ordenanza.
Suárez añadió que, «cuando es la propia Administración la que comete el error, tiene el deber de corregir sus consecuencias. Devolver el dinero no es un acto de generosidad, es una obligación. Lo que ahora falta es que quienes provocaron esta situación asuman también sus responsabilidades políticas.Coalición Canaria considera que este nuevo revés judicial vuelve a poner de manifiesto «una forma de gobernar basada más en la propaganda que en la buena gestión».
El concejal criticó que, «primero aprobaron la ordenanza, después cobraron a los ciudadanos y ahora tienen que devolver el dinero porque los tribunales han acreditado que la ordenanza no cumplía con las garantías exigibles. Esa cadena de errores tiene nombres y apellidos, y no puede quedar sin consecuencias políticas.»
El portavoz nacionalista considera que este episodio ha supuesto un grave deterioro de la imagen del Ayuntamiento y de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. «No es aceptable que un gobierno cometa un error de esta magnitud, obligue a miles de vecinos a pagar un tributo que finalmente resulta inválido y pretenda cerrar este episodio simplemente devolviendo el dinero. La devolución es una obligación legal; asumir responsabilidades políticas debería ser una obligación moral.»
Por todo ello, Coalición Canaria reclama la comparecencia urgente del grupo de gobierno para explicar quién asumió las decisiones técnicas y políticas que desembocaron en la anulación de la ordenanza, cuál será el coste total que tendrá este fracaso para las arcas municipales y qué responsabilidades se van a exigir dentro del propio Ejecutivo.
Asimismo, David Suárez considera que, por la gravedad de los hechos y el perjuicio causado a miles de ciudadanos, el gobierno municipal debe depurar responsabilidades políticas, ya que «no puede ser que un error de esta magnitud termine sin que nadie responda por él».
«Las Palmas de Gran Canaria merece un gobierno que gobierne con rigor, seguridad jurídica y responsabilidad. Cuando un tribunal tumba una ordenanza de esta trascendencia y obliga a devolver millones de euros a los ciudadanos, no basta con rectificar: hay que asumir las consecuencias políticas. Devolver el dinero es una obligación; dimitir cuando se fracasa estrepitosamente debería ser un ejercicio de responsabilidad democrática.», concluyó David Suárez.
