Drago Canarias advierte también que el contrato fue otorgado a dedo por 14,994,12 euros, justo por debajo del límite para contratos menores, que se sitúa en 15.000 euros.
A través de un vídeo publicado en redes sociales, Drago Canarias destapa una serie de irregularidades en el informe encargado por el Ayuntamiento de La Laguna sobre la situación de la vivienda —desde su contratación hasta su puesta en conocimiento de la ciudadanía—, en torno a cuestiones como la financiación, la rigurosidad y el uso partidista de recursos públicos.
El informe en cuestión, tal y como especifica el contrato, lleva por nombre “Análisis de la vivienda vacacional y residencial e impactos socioeconómicos en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna”, y fue encargado a la Cátedra de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL), que en su propia página web especificaba estar patrocinada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV).
Más allá del sesgo que presenta el informe, Drago Canarias denuncia en su vídeo que el contrato, firmado a través de Muvisa, asciende a 14,994,12 euros, justo por debajo del límite legal para otorgar contratos menores, que se sitúa en 15.000 euros; lo que una vez más pone en duda la rigurosidad de los resultados.
Por otro lado, el contrato también especificaba que los resultados de dicho informe deberían haber estado presentados desde junio de 2024. Sin embargo, el Equipo de Gobierno, compuesto por PSOE y Coalición Canaria, escondió a conciencia las conclusiones del informe para utilizarlas de manera partidista cuando políticamente le viniera mejor, impidiéndole el acceso al resto de concejales de la oposición y al propio Consejo de Administración de la empresa pública MUVISA, como ya denunció el concejal Alberto Rodríguez en pleno.
Esta demora de más de tres meses en la presentación de las conclusiones finalizó el pasado 14 de octubre con la presentación del informe por parte del Ayuntamiento, justo el día después de las manifestaciones estatales por el derecho a la vivienda, lo que a todas luces evidencia un uso partidista de los recursos públicos para capitalizar el descontento de las movilizaciones.
