En los últimos cinco años, La Palma sumó más de 800 nuevas viviendas vacacionales que han dejado de estar disponibles para que palmeros y palmeras puedan desarrollar su proyecto de vida en la Isla, emanciparse o simplemente acceder a un alquiler digno; pero también para que profesionales esenciales como el personal sanitario o del ámbito educativo puedan establecerse aquí y desarrollar su trabajo. Mientras tanto, el precio del alquiler en La Palma se disparó en torno a un 30 %, haciendo todavía más difícil acceder a una vivienda.
“Mientras el presidente habla de alcanzar entre 25.000 y 30.000 camas turísticas, la realidad es que hay personas trabajadoras que no encuentran dónde vivir y eso debería ser una prioridad absoluta para cualquier institución pública”, denunció Hernández.
Por otro lado, sobre el discurso que correlaciona el aumento de la vivienda vacacional con la recuperación económica o el beneficio generalizado para la población local, Hernández explicó que “se favorece un modelo donde una parte creciente de la vivienda deja de cumplir una función social para convertirse en activo de inversión y explotación turística” y señala que “en municipios como Tazacorte, casi un 16 % de las viviendas están en manos de grandes tenedores”.
Mientras, el Cabildo sigue apelando a la singularidad de La Palma y la situación posvolcánica para reclamar una mayor flexibilización del mercado turístico. “Se está usando en exceso la excepcionalidad palmera para sostener un sistema desigual e injusto en favor de los beneficios de unos pocos”, afirmó Hernández y añadió que, “precisamente porque la situación tras la erupción volcánica requiere medidas adaptadas a nuestra realidad, resulta aún más grave seguir impulsando un modelo que cada vez deja a más gente sin acceso a la vivienda”.
Además, las administraciones ya tienen herramientas legales para actuar y proteger el acceso a la vivienda. Cruzando los datos del precio del alquiler y la renta media, todos los municipios palmeros con datos disponibles cumplirían ya los criterios para poder ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta contemplada en la legislación estatal para contener los precios del alquiler.
Asimismo, el Cabildo tiene competencias para controlar esta actividad, pudiendo perseguir la oferta ilegal y coordinar una respuesta insular ante el crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional. Del mismo modo, también podría estar apoyando económica y técnicamente a los ayuntamientos en sus competencias de ordenación de la actividad, ayudándoles a decidir dónde se puede implantar la vivienda vacacional, en qué proporción y bajo qué condiciones, limitando nuevas viviendas vacacionales en zonas saturadas y evitando que sigan desplazando al alquiler residencial.
“Si de verdad quieren reactivar la economía de La Palma, lo primero es garantizar algo tan básico como que la gente tenga dónde vivir”, continuó Hernández e indicó que “no se puede construir proyecto de futuro alguno para esta Isla apartando a su población del acceso a la vivienda”.
