Podemos Canarias ha impulsado y presentado hoy en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un acuerdo marco para reforzar la política pública de vivienda, con un decálogo de medidas que busca ampliar el parque municipal, frenar la escalada de precios y proteger el uso residencial frente a la presión turística. El pacto, suscrito por las fuerzas del gobierno local, sitúa la vivienda como prioridad política en el ecuador del mandato y abre un nuevo escenario de exigencia al Gobierno de Canarias.
El acceso a la vivienda es hoy el principal problema social de la ciudad. En Las Palmas de Gran Canaria, las familias pueden llegar a destinar más del 55 % de sus ingresos al alquiler, una cifra que evidencia una situación límite. Ante esta realidad, Podemos Canarias ha defendido la necesidad de activar todas las herramientas municipales disponibles.
El acuerdo contempla la construcción y puesta en servicio de 241 viviendas en régimen de alquiler en Tamaraceite Sur y 27 en León y Castillo, además de nuevas promociones proyectadas en distintos barrios. A ello se suman actuaciones de rehabilitación ya ejecutadas, como las 328 viviendas mejoradas en Vega de San José y las 819 en ejecución en La Paterna, reforzando eficiencia energética y accesibilidad. El objetivo es ampliar de forma sostenida el parque público y garantizar alquileres asequibles.
El pacto activa además instrumentos estratégicos. El Ayuntamiento iniciará gestiones para que el Gobierno autonómico ceda o ejerza el derecho de tanteo y retracto en beneficio municipal, con el fin de incorporar viviendas al parque público. También se explorará la adquisición de edificios y el uso del usufructo temporal de viviendas privadas vacías. En una ciudad con más de 20.000 viviendas desocupadas, este mecanismo puede marcar la diferencia.
Otro eje clave es la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, cuya tramitación compete al Gobierno de Canarias. El acuerdo reitera la exigencia de agilizar este procedimiento para poder topar los precios del alquiler y aplicar las limitaciones previstas en la normativa vigente. Sin esta herramienta, la intervención municipal será insuficiente frente a la especulación.
El documento incorpora además la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda, contemplado en la Agenda Urbana local, para contar con datos actualizados sobre precios y uso turístico. La información permitirá evaluar el impacto real de las medidas y ajustar la estrategia pública.
La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño, señaló que «la vivienda no puede seguir siendo un lujo en nuestra ciudad. Este acuerdo demuestra que, incluso con competencias limitadas, podemos empujar para ampliar vivienda pública, regular el mercado y exigir al Gobierno de Canarias que cumpla la ley».
Martínez Soliño subrayó que «cuando una familia destina más del 50 % de su salario al alquiler, no hablamos solo de mercado: hablamos de derechos. Y los derechos se defienden con políticas valientes, con planificación y con cooperación institucional».
Con este pacto, Podemos Canarias reafirma su compromiso con el derecho a una vivienda digna, segura y asequible como eje estratégico del mandato municipal. El reto ahora es convertir cada medida en resultados tangibles y lograr que ninguna persona tenga que elegir entre pagar el alquiler o vivir con dignidad.
