Pocos temas de política internacional aúnan consenso y legitimidad como el conflicto del Sáhara Occidental. El Sáhara es un «territorio no autónomo» ocupado ilegalmente por Marruecos después de que España, la antigua potencia colonial, abandonara al pueblo saharaui a su suerte. El reino de Mohamed VI incumple de manera reiterada el derecho internacional. Las resoluciones de la ONU y del TJUE son obviadas una y otra vez. Los derechos humanos de la población saharaui son violados de manera reiterada tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados en Tindouf, donde miles de personas viven en condiciones extremas al serles negado el derecho de regresar a su tierra.
Este conflicto ha encontrado un amplio y transversal apoyo en la sociedad, los partidos y las instituciones canarias. El archipiélago ha sido un epicentro mundial de solidaridad con el pueblo saharaui, que forma parte de la comunidad canaria. Un ejemplo de su amplio apoyo social es el programa «Vacaciones en paz», que permite a niños y niñas saharauis pasar sus vacaciones en España.
Con esta introducción, quiero contextualizar la gravedad del reciente cambio de postura del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El pasado 8 de octubre, en una comparecencia junto al ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, en Rabat, Clavijo respaldó la propuesta de España de considerar el Sáhara como una autonomía dentro de Marruecos.
Esta decisión es extremadamente preocupante para el pueblo saharaui y para Canarias por diversas razones. Ya critiqué duramente a Pedro Sánchez cuando adoptó esta postura de forma unilateral y por supuesto seré muy crítico con el presidente de Canarias por la misma razón. Esta decisión, anunciada en Marruecos, da la espalda a los derechos humanos, a la legalidad internacional y a la posibilidad de una solución pacífica del conflicto, ya que no puede haber paz bajo la ocupación marroquí. Además, contradice la postura histórica del Parlamento de Canarias, que siempre ha defendido el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El giro radical del también secretario general de Coalición Canaria supone un alejamiento de las posiciones tradicionalmente sostenidas por el nacionalismo canario y por su partido. Siendo senador, Fernando Clavijo criticó el cambio de postura del gobierno español y se ratificó en el compromiso con el pueblo saharaui. Un claro ejemplo es la dura crítica de Coalición Canaria en Fuerteventura, que emitió un comunicado asegurando: «Coalición Canaria no abandonará ni traicionará uno de sus sellos identitarios, no traicionará al Sáhara libre ni a su pueblo.» Afirmaron en aquel momento que seguirían defendiendo la liberación del Sáhara «del yugo impuesto por el Reino de Marruecos».
Marruecos dista mucho de ser un régimen democrático; es una monarquía sustentada en un sistema que reprime tanto al pueblo saharaui como a sus propios ciudadanos, como demuestran la brutal represión del Movimiento Popular del Rif. Además, sus ambiciones expansionistas representan una amenaza directa para nuestros intereses. La cesión de Clavijo al expansionismo marroquí no solo es una traición al Sáhara, sino también a Canarias.
A lo largo de los años, la relación entre la UE, Marruecos y España ha demostrado que los intereses geopolíticos prevalecen sobre los derechos de Canarias. La historia está llena de ejemplos en los que el archipiélago ha sido relegado, con consecuencias potencialmente graves en el futuro.
Uno de los primeros golpes fue el acuerdo pesquero firmado por España con Marruecos en los años ochenta, que la UE renovó en 2019, incluyendo ilegalmente las aguas del Sáhara Occidental. Esto afectó severamente a la pesca en las islas, perjudicando a la flota artesanal y al sector portuario, mientras se entregaba el Banco Canario-Sahariano a Marruecos sin considerar su impacto en la economía canaria.
El puerto de Agadir, financiado en su día por España, es otro ejemplo de cómo las decisiones políticas han perjudicado a Canarias. Actualmente, compite directamente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas, absorbiendo la mayor parte de las descargas pesqueras del Banco Canario-Sahariano y desplazando a los puertos de las islas de su rol tradicional.
El sector agrícola también ha sufrido las consecuencias. Los acuerdos de asociación entre la UE y Marruecos desde el año 2000, ampliados en 2012 para incluir productos agrícolas sin aranceles, contribuyeron al declive del cultivo del tomate en Canarias. Aunque el Tribunal de Justicia de la UE falló que el Sáhara Occidental quedaba fuera de estos acuerdos, diversas maniobras han permitido que productos cultivados en el Sáhara sigan compitiendo en el mercado europeo, afectando negativamente a los agricultores locales y al empleo.
Hace más de dos años, Marruecos decidió ampliar su zona económica exclusiva y la plataforma continental hasta las 350 millas, incluyendo aguas del Sáhara Occidental, en su ambición expansionista por controlar las tierras raras muy cercanas a Canarias. No hace mucho también tomó la decisión de realizar unilateralmente unas maniobras militares frente a nuestras costas. Ha hecho lo mismo con prospecciones petrolíferas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, poniendo en riesgo nuestro medio natural. En algunas ocasiones han dejado caer, igualmente, sus intenciones de defender la marroquinidad de nuestro archipiélago o de sus aguas. Estas acciones son parte de una política de presión constante sobre España.
En cuanto a la migración, la falta de control efectivo por parte de Marruecos ha incrementado la llegada de migrantes a Canarias, a pesar de las millonarias ayudas europeas destinadas a mitigar este fenómeno. Las vidas de las personas migrantes han sido utilizadas como herramienta de negociación en momentos de tensión política, como ha ocurrido en Ceuta y, recurrentemente, en este archipiélago.
En resumen, Canarias se ha convertido en un peón en la estrategia de Marruecos, que busca sacar provecho de las concesiones del Gobierno español. Tras la aceptación española de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Canarias debería adoptar una postura firme contra estas cesiones continuas. Sin embargo, el presidente de Canarias, sin ningún respaldo democrático que justifique su decisión y contradiciendo los acuerdos del Parlamento de Canarias, de los cabildos y ayuntamientos y los principios de su partido, se ha alineado con el Gobierno de España en una estrategia suicida de complacencia con el expansionismo marroquí que reduce la capacidad de actuación de Canarias.
El presidente de Canarias debe comparecer ante el Parlamento Autonómico para explicar su decisión y rectificar. Más allá de la falta de ética que implica abandonar al pueblo saharaui a la tiranía del régimen marroquí -nada debe sustituir la libre determinación del pueblo saharaui sobre su futuro- esta decisión unilateral pone en riesgo los intereses estratégicos de Canarias.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
