Hay palabras que nacen en un rincón concreto de Europa y terminan describiendo algo que nos concierne a todos. El “rojopardismo” -del alemán “Rot-Braun-Allianz”, la alianza roja-parda- es una de ellas: la coincidencia, cada vez más frecuente, entre sectores de la extrema izquierda y de la extrema derecha en torno a un mismo repertorio de discursos y, en ocasiones, de votos. No hablo de una fusión ideológica, sino de algo más sutil y peligroso: la erosión compartida de los consensos que sostienen la democracia liberal europea desde 1945.
Alemania ofrece el ejemplo más nítido. El Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), escindido de Die Linke, combina banderas históricas de la izquierda -justicia social, crítica al poder económico- con posiciones hasta hace poco patrimonio casi exclusivo de la extrema derecha: rechazo a un sistema europeo de defensa propio, escepticismo ante las sanciones a Rusia y un discurso antiinmigración. En Sajonia y Turingia, la convergencia ya no es solo retórica: se han registrado coincidencias de voto entre el BSW y Alternativa para Alemania (AfD) en mociones concretas. No son coaliciones de gobierno, pero sí son grietas en un muro que parecía inquebrantable: el cordón sanitario frente a la extrema derecha.
Que esto ocurra en los länder del antiguo Este, donde AfD ya gobierna de facto en amplias zonas, no es casualidad. Ahí el desencanto con las élites, el abandono económico y la fatiga democrática han creado el caldo de cultivo para que los extremos, aun opuestos en su proyecto final, coincidan en muchos aspectos.
Las elecciones del domingo 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt suponen un terremoto político para Alemania. AfD obtuvo alrededor del 44% de los votos y 39 de los 83 escaños, a solo tres de la mayoría absoluta. Es algo más que una victoria electoral: coloca a la extrema derecha a las puertas de gobernar por primera vez un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.
El dato más inquietante es el posible papel del BSW. Aunque procede de la izquierda, comparte con AfD posiciones contra la inmigración, el establishment político y el apoyo militar a Ucrania, además de una mayor proximidad hacia Rusia. Su disposición a no excluir una cooperación con AfD podría romper el cordón sanitario que hasta ahora ha impedido a la extrema derecha acceder al poder y abrir, de hecho, una alianza tácita.
La trascendencia va más allá de Sajonia-Anhalt. El resultado refleja el desgaste de los partidos tradicionales y la capacidad de AfD para convertir el malestar económico, la inseguridad y la frustración migratoria en apoyo electoral, y puede anticipar una nueva correlación de fuerzas en Alemania. Si BSM facilita un gobierno de AfD, aunque sea desde fuera, se producirá una normalización histórica de la extrema derecha alemana y una fisura profunda en uno de los principales diques democráticos europeos.
El fenómeno que puede abrirse con una colaboración entre AfD y BSW no carece de precedentes en Europa. El más claro fue Italia, donde el Movimiento 5 Estrellas, de difícil clasificación ideológica pero de fuerte retórica antisistema, gobernó entre 2018 y 2019 en coalición con la Liga de Salvini, ya entonces una de las principales fuerzas de la derecha radical europea. Aquella experiencia demostró que el rechazo a las élites, la inmigración y ciertas políticas europeas podían generar cooperación entre fuerzas de tradiciones ideológicas distintas.
También en Eslovaquia se dio una combinación heterodoxa: el gobierno de Robert Fico incorpora al Partido Nacional Eslovaco, nacionalista radical, mientras Fico procede de una tradición socialdemócrata transformada en populismo nacional-conservador. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses participa en el Gobierno junto a fuerzas de centroderecha. En España, VOX gobierna junto al PP en muchas comunidades autónomas.
Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, gobierna desde 2022. En Croacia, el Movimiento Patriótico, nacional-conservador, forma parte del Gobierno. En República Checa, fuerzas de derecha radical y nacional-populista han ganado presencia en la nueva mayoría, junto al movimiento ANO. Suecia merece capítulo aparte: los Demócratas de Suecia no son formalmente partido de Gobierno, pero sostienen al Ejecutivo conservador, han conseguido una influencia decisiva y han desplazado su política migratoria hacia la derecha. Es esta fórmula -gobernar sin entrar en el Gobierno- la que se extiende. La extrema derecha puede convertirse en socio parlamentario indispensable y condicionar inmigración, seguridad, fiscalidad, energía o política europea sin asumir el coste de la gestión. Italia es el caso más importante:
A estos casos hay que añadir Hungría, donde Viktor Orbán y Fidesz representan desde hace años un nacional-populismo radicalizado. En otros países -Francia, Alemania, Portugal, España, Austria, Rumanía o Polonia- la derecha radical tiene una influencia electoral muy elevada, aunque no forme parte del Gobierno nacional. La dimensión del fenómeno es extraordinaria. Un estudio internacional de 2026 calcula que casi uno de cada cuatro votantes europeos respalda partidos de extrema derecha, una proporción multiplicada por casi cinco desde mediados de los noventa. Más de ciento veinte millones de europeos – más de una cuarta parte- están siendo gobernados por estos partidos. Eso ha hecho también que la derecha tradicional y algunos sectores de la socialdemocracia abracen posiciones de la derecha más extrema. También otros partidos europeos de izquierdas como los partidos comunistas de Portugal, Grecia, Chequia o Croacia coinciden con la derecha y la derecha radical en algunas posiciones sobre la migración. Es terrible que se profundice en esta coincidencia de hacer de las personas migrantes un arma arrojadiza.
Lo relevante, por tanto, no es solo cuántos gobiernos ocupa la extrema derecha, sino que ha pasado de ser una fuerza aislada mediante cordones sanitarios a un actor capaz de decidir quién gobierna y qué políticas se aplican. Ahí reside la trascendencia del posible precedente alemán: si una fuerza nacida de la izquierda antisistema facilita el acceso de la extrema derecha al poder, podría consolidarse una nueva lógica política europea basada menos en el eje izquierda-derecha y más en la confrontación entre sistema y antisistema. Ese desplazamiento sería mucho más profundo que un cambio de gobiernos: supondría una transformación del mapa político europeo.
El nacimiento del fascismo y del nazismo presenta paralelismos con las actuales convergencias entre extrema izquierda y extrema derecha, aunque las diferencias históricas son enormes. El fascismo italiano incorporó a antiguos socialistas y sindicalistas revolucionarios y combinó reivindicaciones sociales radicales con nacionalismo. El nazismo también usó un discurso obrerista y anticapitalista para disputar a socialistas y comunistas el voto popular. Sin embargo, ya en el poder, ambos movimientos destruyeron las organizaciones obreras y se enfrentaron violentamente a la izquierda.
La principal lección histórica es que el fascismo supo ocupar espacios ligados a la izquierda con un discurso contra las élites, la desigualdad y el capitalismo, combinado con nacionalismo y rechazo del extranjero. Hoy reaparece, en un contexto muy distinto, una posible zona de convergencia en torno al nacionalismo, el proteccionismo, la crítica a las élites y el rechazo del progresismo cultural.
La historia europea del siglo XX nos enseñó que las democracias no mueren solo por el asalto frontal de sus enemigos, sino por la erosión paciente de sus defensas, cuando los extremos -por vías y fines distintos- convergen en debilitar lo común.
Desde Canarias, territorio que es a la vez frontera sur de Europa y puente con África e Hispanoamérica, tenemos una responsabilidad añadida en este debate. Somos el lugar donde las tensiones migratorias, la desinformación y los discursos de emergencia identitaria encuentran terreno fértil para el extremismo. No podemos permitirnos creer que estos fenómenos son solo un problema centroeuropeo.
Frente a este riesgo, la respuesta no puede ser la resignación ni el simplismo de igualar cualquier crítica al sistema con extremismo. Debe ser firmeza democrática y, sobre todo, ejemplaridad institucional. Las administraciones públicas -también esta, el Cabildo de Gran Canaria- tienen la obligación de demostrar cada día que la democracia liberal funciona: resuelve problemas, rinde cuentas, protege a quien más lo necesita y no deja a nadie fuera del ascensor social. Es precisamente cuando las instituciones dejan de dar respuestas cuando los discursos que igualan extremos empiezan a sonar creíbles para parte de la ciudadanía.
Vigilar el “rojopardismo” no significa demonizar el debate político legítimo, ni cerrar la puerta a la crítica desde la izquierda hacia el orden establecido. Significa no perder de vista que hay líneas rojas que ninguna fuerza política debería cruzar, sea cual sea su origen ideológico: el respeto a las minorías, la aceptación del pluralismo, la defensa del marco europeo de derechos y libertades (necesitado de un cuestionamiento crítico constructivo). Cuando esas líneas se difuminan por conveniencia táctica, toda la sociedad pierde, gane quien gane la siguiente votación.
No son estos buenos tiempos para la democracia que nos va quedando. Desde Canarias, como frontera y laboratorio de convivencia, tenemos la obligación de estar alerta. No por alarmismo, sino por responsabilidad histórica: sabemos mejor que nadie lo que significa ser el punto donde convergen las tensiones de un continente entero.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
