El Grupo Político logra que el Cabildo de Tenerife promueva, junto con los ayuntamientos de la isla, la creación de una oficina virtual de información, asesoramiento y apoyo ante situaciones de ocupación ilegal, sobre los procesos judiciales que se puedan instar ante estos supuestos y demás actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la protección
del derecho a la propiedad privada, y acciones en el ámbito de la prevención, la recuperación, la intermediación y la intervención.
Los consejeros de VOX, Ana Salazar y Naím Yánez, han logrado en la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre del Cabildo de Tenerife, que los grupos de gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria, apoye la moción de la formación tras negociar la incorporación de varios asuntos en la instancia aprobada.
En los últimos años, se han duplicado las demandas de ocupaciones en España, pasando de 10.000 denuncias en 2016 a registrarse más de 16.000 en 2022, sin embargo, la Plataforma de Afectados por la ocupación estima que en España hay cerca de 100.000 inmuebles afectadas y que la mayoría de los usurpadores cuenta con antecedentes y tres de cada cuatro pertenecen a mafias organizadas.
En Canarias, este año, sólo de enero a abril de 2023 fueron ocupadas 191 viviendas, 13 más que el mismo cuatrimestre de 2022, lo que supone un aumento del 7,3% según datos del Ministerio del Interior cuando para el conjunto del territorio español las ocupaciones descendieron respecto al 2022, aun sufriendo años al alza desde 2016.
En los últimos meses se ha disparado la modalidad de la “inquiokupación” frente a la clásica de “okupacion”, que se produce cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad.
Esta forma de ocupación es muy difícil de diferenciar, sobre todo en el ámbito legal, de aquellos inquilinos que no tienen intención de ocupar una vivienda, sino que no pueden hacer frente a la renta mensual y dejan de pagar durante tiempo indefinido.
La nueva Ley de Vivienda trajo cambios en este ámbito, que algunos expertos señalan, podrían favorecer la “okupacion”, al rebajar las medidas de protección frente a las ocupaciones, con nuevos requisitos y alargando el plazo para echar a okupas o inquilinos morosos en algunos casos.
La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé diferentes requisitos y procedimientos para pequeños y grandes propietarios. Ahora, para iniciar la desocupación se exige que cualquier demandante acredite dos cosas: Si la vivienda es el domicilio habitual del ocupante o no y si el propietario tiene más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial.
También trae consigo cambios en el desalojo: Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora. Si el propietario es un gran tenedor: se le cancelarán todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractores que sean considerados vulnerables. El propietario del inmueble tendrá que hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda, así como se desestimarán «las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique si «el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante».
Los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona
vulnerable.
En caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda, por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.
La “okupacion” es un problema tal que los partidos políticos han recogido medidas para solventarlas en las pasadas elecciones. Y VOX ha dado el paso en la isla para que estas medidas se hagan de una vez por todas realidad. Con esta moción además se insta a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a modificar con carácter de urgencia la actual Ley de Vivienda con medidas orientadas a garantizar el derecho a la propiedad y la
máxima agilización en la recuperación de inmuebles en caso de impago u ocupación ilegal.
Así mismo, a la adopción de medidas fiscales de estímulo al alquiler de vivienda que favorezcan la puesta en el mercado de inmuebles que no lo están por la inseguridad jurídica provocada por el actual marco regulatorio.
Asimismo, se propone el desarrollo de un programa específico para jóvenes con ayudas para el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler como de compra e incentivar la adopción por parte de los Ayuntamientos de protocolos específicos, y parte del Gobierno de Canarias a la ampliación del Plan Canario de Vivienda y el impulso de medidas de estímulo para la construcción de vivienda protegida desde la iniciativa privada o promoviendo la colaboración
público-privada.
