domingo, 25 febrero, 2024

Los alcaldes de la Villa de Moya y la Villa de Firgas se reúnen por las carreras ilegales en Azuaje

Raúl Afonso y Jaime Hernández buscan aunar esfuerzos para aplicar medidas para la erradicación de las carreras ilegales

Por: CN8

Los Alcaldes de la Villa de Moya y de la Villa de Firgas, Raúl Afonso y Jaime Hernández, mantuvieron reunión con la Subdelegada del Gobierno, Teresa Mayans, la Jefa Provincial de Tráfico, Eva María Canitrot y el Teniente Coronel responsable de Tráfico, a fin de volver a manifestar y exigir la imperiosa necesidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para acabar con la preocupante situación que está ocasionando la celebración de carreras ilegales en la carretera de Azuaje GC-350, que une ambos municipios por esta sinuosa vía.

En tal sentido, hay que recordar que ambos alcaldes han venido manteniendo diferentes reuniones con los máximos responsables en la isla en materia de Tráfico, y donde han venido proponiendo la adopción de medidas para terminar con el grave problema de seguridad vial que está suponiendo además de un problema vecinal y alteración del orden público, por parte de unos individuos que no respetan normas elementales de convivencia y seguridad. A la vez que se dedican a celebrar a altas horas de la madrugada, principalmente los fines de semana, carreras ilegales por una carretera especialmente peligrosa, poniendo en riesgo la vida de otros usuarios de la vía, así como alteración del descanso de los vecinos/as y de limpieza en la zona, ya que son numerosas las personas que se congregan para presenciar estas competiciones ilegales, ocasionando molestias a la vecindad.

Raúl Afonso y Jaime Hernández manifestaron “su preocupación e indignación por una situación que se perpetúa en el tiempo y que está poniendo a prueba la paciencia de los vecinos/as afectados y de los Ayuntamientos”, por lo que “demandamos medidas concretas y contrastables para terminar con una situación que está generando inseguridad, y sensación de impunidad, y que está produciendo un nivel de estrés y tensión entre vecinos/as afectados inadmisibles”. Insistieron en que “no hay derecho de que alteren la pacífica convivencia de nuestros municipios y, esperamos que se adopten medidas concretas y se aplique la ley con todo rigor sobre los infractores”.

Entre las diferentes medidas que se han propuesto para atajar esta problemática están el refuerzo de la vigilancia y seguimiento por parte de la Guardia Civil que va a intensificar los controles en la zona, la posible instalación de cámaras de seguridad y/o radares o la colocación de bandas reductoras de velocidad, medidas que ya se están valorando y estudiando para su posible implementación.

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