Antonio Morales exige al Ministerio acciones urgentes para acabar con la inseguridad y el riesgo de apagón general en Gran Canaria

"Estamos ante un riesgo de cero energético que es fruto de la inacción, el desconocimiento y el olvido de Canarias, y no podemos seguir dependiendo de un Ministerio que desconoce nuestra realidad", sostiene el presidente insular.

Por: Aridani Alonso

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha exigido hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que ponga en marcha de inmediato medidas urgentes para acabar con la precariedad, la inseguridad y el riesgo de que se produzca un cero energético, un apagón generalizado en que se encuentran la Isla y todo el Archipiélago en general, debido, como manifestó, «a la inacción, el desconocimiento, la desidia y el olvido de Canarias», por lo que aseveró que «no podemos seguir dependiendo de un Ministerio, da lo mismo el color, que desconoce nuestra realidad, nuestra singularidad».

El presidente insular afirmó que el sistema eléctrico canario presenta una fragilidad especial, por su condición de insularidad y aislamiento. Una situación precaria que, en la última década, se ha vuelto peligrosamente insegura, por la falta de inversiones para sustituir los grupos de generación obsoletos. «Un hecho que se ocultó a los cabildos insulares, que tuvieron conocimiento de ello este verano, tras el apagón que se produjo en La Gomera», denunció.

Mantuvo que, de acuerdo con la actual normativa, corresponde al Miteco sacar un concurso público y financiar los equipos de nueva generación. «Pero eso no se ha hecho», declaró. Y este panorama se agrava por el hecho de que se hace mucho más complicado el mantenimiento de los equipos existentes y operativos, porque Red Eléctrica de España (REE) informa negativamente, ya que, si los paran para mantenerlos, dejarían de generar lo que necesita la Isla. «Endesa se salta estos informes negativos, porque su cumplimiento pondría en riesgo las infraestructuras energéticas y las vidas de los operarios», incidió.

En este escenario, puso de relieve que los riesgos aumentan cada día y que sería necesario un real decreto ley para atajar la inacción de estos últimos 10-15 años, para inversiones nuevas, para desmantelar lo obsoleto y para generar un modelo descentralizado y distribuido. «Desgraciadamente, estamos ante un riesgo que no se va a solucionar en breve y lo peor es que una verdadera emergencia los obligaría a actuar, pero después de haber causado un daño irreversible a la Isla», subrayó. «Por eso es tan importante Salto de Chira –que aportaría 200 MW al sistema, además del almacenamiento imprescindible- y la penetración de las renovables», añadió.

Morales explicó que esta situación parte de la ‘Ley 17/2013 de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares’, con la que se impide a Endesa incorporar nueva potencia e invertir en nuevos grupos, y obliga a realizar una convocatoria pública de libre concurrencia para poner en marcha cualquier iniciativa en este sentido. Una norma que buscaba no dejar la generación de energía solo en manos de Endesa, automáticamente, y que abre a cualquier otra empresa la posibilidad de invertir, con el visto bueno de los gobiernos canario y central, que reconocería el coste y lo pagaría el sistema.

«Las intenciones no eran malas, pero el efecto ha sido perverso. Y diez años después, el concurso no se ha hecho y, en estos momentos, el retraso en garantizar la seguridad energética canaria ya es de entre 10 y 15 años», aseveró. Y es que, tal y como detalló, de los 100 grupos de generación existentes en Canarias, más de 60 tienen superan 25 años, e incluso muchos de ellos los 40, cuando la vida útil de estos grupos es de 25. Además, en la última década, no se ha instalado un grupo nuevo en el Archipiélago. «Después de 25 años, estos grupos dejan de estar en las mejores condiciones y muchos pasan a estar inoperativos y, en esos casos, Endesa los da de baja», describió. «El Ministerio los debería reponer a través de un concurso público, pero eso no se ha hecho», sentenció.

Del mismo modo, indicó que la seguridad del sistema energético insular requiere que cada isla disponga de dos plantas de generación. Y, actualmente, Gran Canaria y Tenerife, junto a otras, solo cuentan con una. En concreto, se trata de las centrales principales de Juan Grande y Granadilla, y las de Jinámar y Caletillas, aunque estas últimas están bajo mínimos y prácticamente inoperativas.

«Por tanto, en Gran Canaria solo tenemos una planta de generación operativa, pero con grupos obsoletos o dados de baja», expuso Morales, quien añadió que, si bien REE, en su informe de cobertura de 2022, ya comenzó a plantear una situación delicada, pero no alarmante, en el informe de este 2023 habla de problemas muy serios, cifra un déficit de 180 MW en Tenerife y de 120 MW en Gran Canaria, y prevé que, en enero de 2024, ese déficit será superior a los 300 MW en las dos islas y, en total, faltarán 1.000 MW en todo el Archipiélago.

Además de todo ello, el presidente Morales hizo hincapié en que Canarias continúa sin tener regulado el almacenamiento por parte del Gobierno central y que Gran Canaria no posee capacidad de almacenamiento cuando se produce energía por el viento y el sol, como sucede en el resto de las islas, salvo en El Hierro, que cuenta con Gorona del Viento. «En nuestra Isla, eso solo será posible cuando entre en funcionamiento Salto de Chira», apostilló.

Oídos sordos del Gobierno estatal a las peticiones canarias

Antonio Morales recordó que, en noviembre de 2022, el Gobierno de Canarias advirtió de esta situación al Miteco y pidió que flexibilizara el sistema con grupos de generación más pequeños y flexibles, hidrógeno, etcétera. Pero el Ministerio adujo que esa medida afianzaría el monopolio de Endesa e instó a un plan de desmantelamiento del sistema y del monopolio actual hasta 2040, porque la Unión Europea no permitiría una excepción. Sin embargo, en la consulta que se realizó a Europa sobre esta cuestión, esta vio factible esa solución, dado que Canarias es una región ultraperiférica.

«Aun así, el Gobierno de España se sigue negando a autorizar inversiones directas de Endesa en el sistema canario e insiste en un concurso público que no llevaría menos de 5 a 6 años para alcanzar el objetivo de cubrir las necesidades, lo que profundiza además en la dependencia de los combustibles fósiles», enfatizó.

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria argumentó que la ley contempla medidas de emergencia para situaciones temporales y excepcionales de déficits de cobertura de demanda y que con 4 o 5 grupos de generación flexibles de entre 20 y 30 MW se podría poner fin a la emergencia que nos acucia. Incluso añadió la posibilidad de que Gran Canaria repotencie Jinámar.

«Pero no parece ser el caso. El Consejo de Ministros podría actuar en consecuencia, pero hasta ahora se ha negado a recurrir a esta vía», señaló. «Tanto las propuestas del Gobierno de Canarias como las de Endesa no han sido contestadas por el Ministerio, aunque en las últimas semanas se han dado algunos intentos de acercamiento», concluyó.

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