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Román Rodríguez reclama “voluntad política” para ordenar el crecimiento en Canarias

by cn8noticiascanarias

Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), asegura que nuestro autogobierno “dispone de instrumentos suficientes para frenar el desarrollismo. Para ordenar los espacios naturales, poner límites al crecimiento y frenar los efectos negativos sobre la población en ámbitos como la vivienda, el tráfico, las infraestructuras o los servicios públicos”. Tomando decisiones propias para ser más sostenibles, para tener mejor presente y futuro. “Solo hacen falta, la historia lo demuestra, gobiernos con convicciones, voluntad y determinación para hacerlo posible”.

 

Rodríguez destaca que la solución para la inmensa mayoría de los problemas en estos ámbitos se encuentra en la Comunidad Canaria y sus instituciones y no en otras instancias estatales y europeas, como algunos se empeñan en hacer creer para eludir sus responsabilidades. “Desde Canarias, se puede frenar en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Así como establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Ofreciendo un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental”.

 

Igual sucede, señala, con la regulación sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, con la aprobación de una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales.

 

Mejores condiciones de vida

Recuerda que se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

 

El secretario de Programas de NC-bc recuerda la relevancia de leyes como

La 12/1987 de declaración de Espacios Naturales de Canarias de 1987,

la Ley 12/1994 de Espacios Naturales o la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias. Esta última tiene por objeto regular “la actividad administrativa en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y definir el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo y vuelo, de acuerdo a su función social”.

 

Moratoria y directrices

Y destaca la importancia de la moratoria y las directrices. La primera -Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias-, desclasificó más de 300.000 camas turísticas y posibilitó parar el crecimiento para reflexionar y tomar, sosegadamente, decisiones de futuro. Y resultó determinante para desclasificar el suelo turístico de Veneguera, evitando los planes de masiva construcción que impulsaban empresarios con el apoyo entusiasta de algunos dirigentes de Coalición Canaria;

 

La segunda, la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Turística de Canarias, supuso una. apuesta firme por un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, favoreciendo la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los siguientes tres años solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002).

 

Luego vendrían etapas de retroceso, como la Ley del Suelo de Clavijo (2017), que impone un modelo desarrollista que subordina a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. Abandonando el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. E incorporando en suelo agrario la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio, industriales o deportivos; lo que facilita una presión especulativa sobre el suelo rústico.

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