La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha pedido este viernes a Carolina Darias (PSOE) que retire el servicio de Sityneta de las calles de la capital grancanaria, al haber anulado la justicia el marco administrativo que amparó su creación en 2021, a raíz de un recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular.
Delgado-Taramona le recuerda a la primera edil la “temeridad” que representa que el servicio haya seguido prestándose desde entonces, no solo por representar una “burla” hacia el tribunal que juzgó los hechos, sino porque en caso de producirse un accidente -por ejemplo- no existe marco normativo alguno en este momento que ampare que las patinetas públicas sigan circulando por nuestra ciudad y por tanto que cubran un hipotético incidente.
El 24 de diciembre de 2021, el concejal del Área de Gobierno de Empleo, Turismo, Promoción Económica y Ciudad del Mar encomendó a Sagulpa la gestión provisional del servicio de patinetes eléctricos por un período de dos años, por lo que dicha encomienda, por tanto, finalizó el 24 de diciembre de 2023.
“Ante la creencia de que se había optado por una vía incorrecta, nuestro grupo político en el pasado mandato interpuso un recurso de reposición contra esa decisión, que fue rechazado por el Ayuntamiento, lo que nos obligó a acudir a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo. El juzgado nos dio la razón y, en enero de 2024, la sentencia se declaró firme”, recuerda la edil popular.
Desde entonces el servicio se ha venido prestando en un “limbo jurídico”, recuerdan desde el PP, y la prueba más evidente es que el juzgado entendió como no ejecutado la sentencia porque “aceptó nuestra solicitud de ejecución forzosa” del fallo. Para los populares, que ahora las patinetas sigan operativas en las 15 estaciones repartidas por la ciudad es un “sinsentido” que debe corregirse “a la mayor brevedad”.
En cuanto a la resolución judicial, y tal como expuso el PP en su recurso, la justicia entiende que no debió realizarse la encomienda del servicio a Sagulpa a través de una resolución, sino a través de un acuerdo de Pleno, como sí ocurrió en 2015, cuando gobernaba la ciudad el Partido Popular para poner en marcha la Sityneta (entonces ByBike). “Por si fuera poco, por errores en las votaciones ocasionados en el seno del grupo de gobierno, el Ayuntamiento sigue sin acatar la sentencia tras la solicitud de ejecución forzosa del juzgado, lo que sitúa a este grupo de gobierno en una especie de posición de rebeldía difícilmente comprensible”, prosigue Delgado.
PSOE, Podemos y NC intentaron solucionar la situación presentando esta semana “un expediente incompleto, apoyado en un estudio económico desactualizado, realizado en el año 2021. Dicho estudio estimaba, en el peor de los escenarios, unas pérdidas de 95.000 euros. Sin embargo, la realidad ha demostrado que en 2024 el servicio arrojó unas pérdidas de 135.000 euros”, recuerda la portavoz del PP.
“Por tanto, queda claro que el estudio económico no se ajusta a la realidad actual ni justifica la viabilidad del servicio, motivo por el que votamos en contra de la forma en que se pretendía ejecutar la sentencia”, precisa la portavoz popular. Por si fuera poco, el concejal de Movilidad afirmó hace unos meses, en Comisión de Pleno, que ya se había dado cumplimiento a la sentencia judicial, alegando que el personal de la Sitycleta era el mismo que el de la Sityneta.
“Esto es rotundamente falso. El propio estudio económico reconoce la necesidad de contratar más personal específico para poder prestar adecuadamente el servicio de patinetes eléctricos, algo que entendemos que la Sala interpreta de la misma manera al aceptar la ejecución de sentencia forzosa. A día de hoy, sigue sin haberse declarado formalmente el servicio de patinetes eléctricos como un servicio público, condición imprescindible para su creación.
Tampoco consta informe jurídico alguno que justifique la adjudicación directa del servicio a Sagulpa, como exige la normativa vigente”, añade. “Si la próxima semana el servicio se sigue prestando sin marco jurídico alguno valoraremos entonces comunicar al juzgado la inverosímil situación a la que nos expone este equipo de gobierno”, concluye.
