Podemos Canarias llevará al Congreso de los Diputados la situación de las familias afectadas por las viviendas de VISOCAN. La formación presentará una Proposición No de Ley (PNL) para exigir el cumplimiento de los compromisos sobre la entrega de estas viviendas. La iniciativa llega tras una reunión con representantes de la plataforma de personas afectadas, que alerta de las consecuencias económicas que puede provocar el actual bloqueo.
En el encuentro participaron Noemí Santana, secretaria general de Podemos Canarias y diputada en el Congreso; Ana Gloria Sánchez Ruano, secretaria de Sociedad Civil; y Fernando Ruiz, secretario de Comunicación. La delegación escuchó a Araceli y Eli, dos mujeres afectadas que trasladaron las principales reivindicaciones de la plataforma. Las familias reclaman que el Gobierno de Canarias cumpla lo establecido y entregue las viviendas a quienes llevan décadas habitándolas y abonando un alquiler social. Podemos Canarias considera que prolongar esta situación supone mantener a miles de familias en una incertidumbre que la Administración tiene capacidad para resolver.
“No vamos a permitir que miles de familias que han cumplido durante décadas acaben pagando las consecuencias de que el Gobierno de Canarias no cumpla”, señaló Noemí Santana. La diputada defenderá una PNL en la Comisión de Vivienda del Congreso para instar a las administraciones competentes a garantizar los derechos de las personas afectadas. “Hablamos de familias que han pagado sus cuotas durante años. No están pidiendo ningún privilegio. Exigen que se respete lo acordado y poder vivir con la seguridad de que nadie pondrá en riesgo sus hogares”, añadió Santana.
Por su parte, Fernando Ruiz, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, advirtió sobre el impacto que podría tener el paso de estas viviendas al mercado libre. “Estamos hablando de personas vulnerables que pueden pasar de pagar unos 50 euros al mes a enfrentarse a alquileres superiores a 800 euros. Eso no es una simple subida. Para muchas familias significaría elegir entre pagar su vivienda o cubrir necesidades básicas”, afirmó Ruiz. La plataforma teme que la situación jurídica de los inmuebles pueda abrir la puerta a incrementos de esta magnitud y ha anunciado su intención de emprender acciones judiciales ante la falta de una solución.
Ruiz incidió además en la dimensión humana del conflicto. “Detrás de cada expediente hay una familia. Hay personas que llevan décadas pagando religiosamente su alquiler social y cumpliendo su parte. Lo mínimo que pueden exigir es que la Administración también cumpla la suya”, aseguró. Según los datos trasladados durante la reunión, la situación afecta a alrededor de 3.000 viviendas y 12.000 personas.
Santana subrayó que Podemos Canarias utilizará su representación institucional para trasladar esta reivindicación al Congreso. “Si el Gobierno de Canarias continúa sin resolver el problema, estas familias tendrán una voz en Madrid. Vamos a llevar su reclamación a la Comisión de Vivienda y exigir que las administraciones cumplan los compromisos adquiridos”, afirmó.
Las familias reclaman el cumplimiento del Decreto 1/2023 aprobado durante la anterior legislatura y vinculado a la entrega de las viviendas. Podemos Canarias sostiene que el Ejecutivo autonómico debe actuar antes de que la incertidumbre se transforme en una carga económica imposible para miles de hogares. “Estas personas no piden regalos. Piden justicia, seguridad y algo tan elemental como que se cumpla lo firmado”, concluyó Fernando Ruiz.
