La reunión se ha celebrado en el Congreso, en la sala Mariana Pineda, donde suele reunirse la Junta de Portavoces. Durante una hora, los representantes de las organizaciones de la MERP le han expuesto a la presidenta del Pacto de Toledo la propuesta de celebrar un debate en el Congreso en torno al blindaje constitucional de las pensiones, en el que participen los portavoces de la comisión y representantes de las organizaciones de la plataforma.
Mercè Perea ha respondido muy positivamente a la propuesta de la MERP, que trasladará a los portavoces de la comisión. Por su parte, representantes de la plataforma han explicado que van a reunirse con los distintos grupos del Congreso para hacerles llegar la propuesta de este debate que quieren organizar en colaboración con la institución.
Como es tradición en las reuniones de la MERP, tal y como han explicado al principio, los representantes de las distintas organizaciones se han presentado, “uno a uno”, como expresión de pluralidad y respeto a todas las organizaciones que forman parte de la plataforma.
Miembros de la Portavocía de la plataforma han explicado a la presidenta del Pacto de Toledo ‘la importancia del 2024 para la defensa de las pensiones públicas, porque en el 2025 la reforma será revisada por Bruselas’. A continuación le han expuesto la campaña que está llevando adelante la MERP, ‘Somos 47 millones’, en referencia a los pensionistas del presente y del futuro, y ‘a la necesidad de unirnos para blindar las pensiones en la Constitución’. En la actualidad la campaña se está llevando adelante por parte de las plataformas autonómicas de la MERP en todas las autonomías, recogiendo firmas en las universidades, ‘que es donde están los pensionistas del futuro’.
Con el debate, la MERP pretende contribuir a la ‘unidad de los diferentes en un objetivos común, aportando estabilidad, consenso, diálogo, y confianza en el futuro, porque las pensiones públicas son todo eso’, y han insistido en que pretenden llevar al Pacto de Toledo el debate sobre lo que consideran que debe ser ‘la segunda gran reforma social de la Constitución’ – en referencia a que la primera ha sido la del artículo 49 promovida por el CERMI -. ‘Nos hemos unido para defender una reforma de la Constitución que prohíba la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas, otorgándoles el rango de un derecho fundamental’.
