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José Eduardo Marrero demanda un sistema de auditoría externa que fiscalice el cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude del Gobierno de Arucas

l candidato a la alcaldía de Arucas por Coalición Canaria, José Eduardo Marrero señala: “Un correcto Plan de Medidas Antifraude para prevenir los conflictos de intereses, el fraude, la corrupción y la doble financiación debe contar de forma ineludible con un ente independiente que controle su correcta implantación”

by Aridani

El candidato a la alcaldía de Arucas por Coalición Canaria, José Eduardo Marrero, advierte que el Plan de Medidas Antifraude aprobado por el equipo de Gobierno del municipio de Arucas no es efectivo al estar incompleto y recalca que es preciso que incluya el establecimiento de un sistema de auditoria externa que fiscalice el firme cumplimiento de las medidas que recoge el plan.

“Esta carencia que presenta el plan se debe subsanar si queremos que el procedimiento sea serio y sirva para algo”, sostiene José Eduardo Marrero.

En esta línea, el candidato explica: “Un correcto Plan de Medidas Antifraude para prevenir los conflictos de intereses, el fraude, la corrupción y la doble financiación debe contar de forma ineludible con un ente independiente que controle su correcta implantación, una empresa experta que cumpla la función de public compliance”, y añade: “De otro modo, el plan se reduciría a una mera declaración de intenciones, sin ningún tipo de garantías”.

Al mismo tiempo, el candidato de Coalición Canaria critica que el Plan de Medidas Antifraude elaborado por el grupo de Gobierno de Arucas se confeccionó utilizando un modelo tipo, sin tener en cuenta las características propias del Ayuntamiento. “No se realizó un análisis previo de las circunstancias concretas de la entidad local, ni de los medios materiales y personales que tiene a su disposición, ni una planificación de los posibles fondos a recibir y la forma de administrarlos”, sostiene José Eduardo Marrero.

El candidato destaca la importancia del Plan de Medidas Antifraude y recuerda que es obligatorio para las administraciones públicas que deseen ser receptoras de los Fondos Next Generation en virtud de las órdenes HFP/1030/2021, y HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre. En este sentido recalca: “No debe tomarse como un documento vacío de contenido y sin utilidad que debe aprobarse por mero trámite. Su implantación ha llegado a nuestro ordenamiento con ánimo de permanencia».

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