El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, suscribió esta tarde, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en la sede Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, la transferencia de competencias en Costas contemplada en el Estatuto de Autonomía de las islas que se renovó en 2018.
En la rueda de prensa posterior, Torres se congratuló de este resultado histórico tras un difícil proceso de negociación, iniciado desde el comienzo de esta legislatura y que ha presentado diversos puntos complejos que, sin embargo, no han impedido que el Archipiélago pueda gestionar las competencias en Costas desde el 1 de enero de 2023. Otras regiones lograron incluir estas competencias en sus estatutos de autogobierno con mucha más antelación (algunas en 2008) y por ahora siguen sin ejercerlas.
Torres subrayó que la costa de Canarias, mayor que la de otros territorios, “es una de las joyas de las islas y un gran reclamo turístico, pero hay que preservarla”. De ahí, la importancia de las desaladoras o los emisarios para cumplir también con la Agenda Canaria 2030”. A su juicio, los 20 puestos de trabajo que se traspasan por el Estado son insuficientes, pero se completarán con otros 25 empleados más que se irán incorporando desde enero próximo, con lo que la cifra final sí ofrece garantías para una gestión efectiva.
El jefe del Ejecutivo destacó la “implicación” del Gobierno de España con Canarias no sólo con este paso en las competencias, sino con “los 1.144 millones en ayudas a empresas por la crisis de la covid, el apoyo por el volcán en La Palma o, en estos últimos días, con el incendio del norte de Tenerife”.
Además, Torres se congratuló de que, según lo expuesto en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las entregas a cuenta a las islas de la financiación autonómica por parte del Estado crecerán el 11% en 2023 (hasta los 543 millones de euros), a lo que se suma la liquidación del año 2019 (719 millones). Con estos incrementos se garantiza el mantenimiento y el reforzamiento de los servicios públicos básicos, a lo que también ayuda la confirmación de las suspensión de las reglas fiscales en 2023.
Ese refuerzo presupuestario se une también a la coincidencia entre ambos gobiernos en la necesidad de que haya un cambio legislativo en materia de migración para la gestión de los menores no acompañados. En este sentido, Torres resaltó los 50 millones que incluirá, de nuevo, el presupuesto estatal para esta cuestión y, sobre todo, el anuncio de hoy, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de que se ha aprobado que unos 680 menores se trasladarán a otras comunidades autónomas atendiendo a un principio de solidaridad interterritorial reclamado por Canarias.
La ministra de Política Territorial, por su parte, destacó la relevancia de esta Comisión Bilateral y Mixta, “el punto final a muchos días de trabajo y que responde a un Gobierno que comprende la pluralidad del país y la necesidad del desarrollo de los estatutos de autonomía”. Según recalcó, ha sido “una colaboración leal en línea con la atención preferente que le da el Gobierno central a las islas. De hecho -indicó-, nunca ha habido un Gobierno más comprometido con Canarias que el actual Ejecutivo central”.
La ministra recordó también que esta Comisión Bilateral no se daba desde 2010 y que ha permitido mejorar la prestación de servicios de los ayuntamientos a sus vecinos y una transferencia de Costas en cumplimiento del Estatuto “que se ve culminada hoy”.
La Comisión Bilateral contó, asimismo, con la presencia del consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y del responsable del área de Obras, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. El vicepresidente autonómico y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no pudo asistir por encontrarse desde esta mañana en Madrid con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1,5 millones para el incremento paulatino de personal
El acuerdo del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad en materia de ordenación y gestión del litoral de las islas prevé un paulatino incremento del personal encargado de estas competencias con el fin de garantizar una adecuada gestión. Con ese fin, se prevé destinar 1,5 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático para incrementar el capítulo 1 (personal) y asumir esta plantilla según los términos contemplados en el Estatuto de Autonomía.
La transferencia no implica cambios en la Ley de Costas, aunque sí garantiza una mayor cercanía, conocimiento y sensibilidad en la protección y gestión del litoral isleño al encargarse desde ahora el Ejecutivo canario, siempre dentro de los márgenes de la normativa estatal.
Fruto de esta negociación, y aparte de los 20 trabajadores, el traspaso incluye dos bienes inmuebles (cuyo mantenimiento y reposición corresponderá ahora a la Comunidad), 7 vehículos y los contratos del suministro de agua y electricidad. A falta de incrementar la plantilla, el acuerdo requiere de un desembolso de 805.368 euros por el personal y los equipos traspasados.
Una Comisión Bilateral Canarias-Estado que se reúne por primera vez en casi 12 años
Además de este histórico traspaso de competencias, concretado en la reunión de la Comisión Mixta, durante la Comisión Bilateral se ha aprobado también un nuevo reglamento, ya adaptado al Estatuto de Autonomía de 2018. Torres destacó, asimismo, el traspaso de competencias en tutela financiera, lo que ayudará a los ayuntamientos a costear los servicios a sus vecinos, y el derecho de defensa de la competencia.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión de la Comisión Bilateral anterior, de 2010, y se analizaron los puntos pendientes en estos casi 12 años, sobre todo las cuestiones en las que existen conflictos entre el Gobierno central y el regional abordados hasta ahora por comisiones de trabajo.
En este sentido, Torres recordó que Canarias es una de las comunidades con mayor índice de conflictividad con el Estado, si bien esos grupos de trabajo han ido resolviendo distintos aspectos, tales como el referente al 80% de deducción fiscal para inversiones audiovisuales (el REF del cine). Todos estos asuntos han decaído porque la Comunidad se ha amoldado a lo que ha dicho el Constitucional, como ocurrió con los tests de antígenos (aunque ya no tiene actualidad ante la evolución de las medidas anticovid) o porque hubo un acuerdo entre los dos ejecutivos respecto a las producciones audiovisuales a favor de los intereses de Canarias. También porque a veces se ha fallado en contra de la propuesta de las islas, como pasó con el conflicto del vino del plátano.
La controversia respecto a los puertos también se ha resuelto hoy, según indicó Torres, con una postura común que preserva el hecho de que se prorroguen las licencias de los puertos deportivos cuando existen inversiones relevantes.
