Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la isla de Tenerife han intensificado las labores de vigilancia y control sobre las empresas de turismo activo que desarrollan su actividad en el Parque Nacional del Teide, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de este espacio natural de alto valor ecológico.
Las actuaciones, de carácter preventivo, disuasorio y sancionador, han consistido en diversas inspecciones en las que los agentes han comprobado que las empresas contaran con las autorizaciones administrativas obligatorias para cada actividad, así como el cumplimiento de la normativa específica del Parque Nacional. Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los clientes como de los guías, proteger el medio ambiente y combatir el intrusismo laboral y la competencia desleal.
Durante las inspecciones realizadas a empresas dedicadas a actividades como rutas en quads, parapente, escalada, observación de estrellas, entre otras, se han tramitado un total de 55 denuncias administrativas por diferentes infracciones. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la realización de actividades sin la correspondiente autorización o en zonas no permitidas, el acceso a senderos o áreas de uso restringido y el incumplimiento de las condiciones de seguridad, como la falta de equipamiento adecuado, la ausencia de seguros obligatorios o la prestación de servicios por guías sin la habilitación necesaria.
Las denuncias han sido remitidas a las autoridades y administraciones públicas competentes para su tramitación. La Guardia Civil recuerda que el Parque Nacional del Teide fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2007 y es uno de los parques nacionales más visitados de Europa, lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento de la normativa reguladora para garantizar su conservación.
Estas actuaciones se enmarcan en la aplicación de la Ley 14/2009 de Ordenación del Turismo de Canarias, el Decreto 138/2025 que regula las actividades de turismo activo, el Decreto 182/2025 por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, así como la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Las sanciones previstas por estas normativas pueden alcanzar hasta 300.000 euros en el ámbito del turismo activo y hasta 2.000.000 de euros en los casos de infracciones muy graves contra el patrimonio natural, además de la posible suspensión temporal de las actividades o del ejercicio profesional en los supuestos más graves.
