Mi amigo Acaimo lleva más de tres años buscando piso en Las Palmas. No un palacio, ojo: un piso. Algo donde meter una cama, una mesa y las ganas de vivir cerca de donde trabaja y de la casa de su abuela. «Fale, es que ya no sé ni pa qué busco. Lo que hay no lo puedo pagar, y lo que puedo pagar no existe».
Esta semana le mandé una foto. Un edificio nuevo, enorme, uno de esos mamotretos que te preguntas quién autorizó esto y con qué cara. Fachada grisácea por fuera y por dentro, cuadrada, sin alma: parece una cárcel con ventanas de oficina. Horrible, la verdad, aunque eso a los promotores ni les importa. Y al lado de la foto, la lista de precios: Un estudio de 36 metros cuadrados, interior, tercera planta: 187.000 euros. Un piso de tres dormitorios con garaje incluido: 545.000 euros. Acaimo tardó cinco segundos en contestar. Solo me mandó un emoji. El de la carcajada con lágrimas.
Ahí está todo el problema del Archipiélago en una sola imagen.
Canarias no tiene un problema de vivienda, tiene un problema de superpoblación, y la vivienda es solo donde más duele. Un territorio que no crece, que no puede crecer, al que llevan décadas llegando más gente de la que puede absorber: turistas que se quedan, nómadas digitales que descubren el clima, jubilados del norte de Europa que estiran su pensión, inversores que ven en cada metro cuadrado un activo, etc. Y mientras el suelo se llena, el mercado lo entrega a quien más puede pagar, sin preguntarse quién vivía aquí antes ni quién va a poder vivir aquí después. Ese es el modelo. La presión combinada de la especulación turística, la llegada masiva de población foránea, y un Estado español que nos trata como destino de vacaciones permanente pero jamás como territorio con necesidades propias.
El archipiélago suma ya más de dos millones y medio de habitantes en un territorio que no crece. La densidad en zonas como Gran Canaria o Tenerife supera a la de comunidades continentales con cuatro veces más superficie. Si Canarias fuera un Estado independiente ocuparía el 7º estado con mayor densidad de población de Europa, y eso sin contar la población flotante. Pero aquí nadie habla de capacidad de carga territorial como si fuera un concepto que solo se aplica a los ecosistemas marinos. La realidad es que el Archipiélago está al límite. Las infraestructuras, los servicios, el mercado de la vivienda: todo cruje.
Y proyectos como ese mamotreto no vienen solos, traen gente. No al canario que lleva toda la vida aquí y que sigue sin poder pagar 187.000 euros por 36 metros, traen a quien viene de fuera con el ahorro de una vida o con una pensión que aquí da para mucho más. Traen especuladores que compran dos, tres, cuatro pisos para alquilarlos por semanas a turistas. El resultado es siempre el mismo: el nativo sale expulsado hacia la periferia, hacia los municipios del interior, hacia la casa de los padres o directamente hacia fuera del Archipiélago.
Especulación de la vivienda = Saturación de servicios
Y mientras tanto, al lado de ese edificio hay un centro de salud. Uno que ya está saturado, que ya tiene colas, que ya tiene listas de espera que se miden en semanas. Cuando ese bloque se llene de nuevos residentes, ese centro no va a crecer. Los médicos no van a aparecer de la nada. Las consultas no se van a multiplicar. Solo habrá más gente esperando en la misma sala, más canarios a los que les dirán que el médico de cabecera no tiene hueco hasta dentro de dos semanas. Todo sigue igual para los de siempre.
Lo llamamos gentrificación, pero en nuestra tierra tiene una dimensión que va más allá de lo que pasa en cualquier barrio de Madrid o Barcelona. Aquí es una isla entera, no hay un barrio a las afueras a donde irse. El mar nos pone el límite y nadie se lo pone a Canarias.
Y entonces alguien dice: ¿por qué no hacemos una ley de residencia? ¿Por qué no limitamos quién puede comprar, quién puede instalarse, cómo se accede a la vivienda? Es una pregunta razonable, y la respuesta es tan frustrante como reveladora: no podemos. Canarias es una Región Ultraperiférica de la Unión Europea, y eso nos ata de pies y manos cuando se trata de regular la libre circulación de personas y capitales. Establecer un criterio de residencia mínima para comprar vivienda, priorizar a la población local, limitar la acumulación de propiedades por parte de no residentes: todo eso choca frontalmente con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No hay excepción canaria que valga.
Es ahí donde el problema deja de ser económico y se convierte en político. Un territorio que no puede regular el acceso a su propio suelo, que no puede priorizar a su propia población, que depende de decisiones tomadas a miles de kilómetros por gente que nunca va a necesitar buscar piso en Las Palmas, ese territorio no es dueño de sí mismo. Puede llamarse Región Ultraperiférica, puede salir en los mapas de Europa en color distinto, puede tener su propio himno. Pero soberanía, lo que se dice soberanía, no tiene.
La respuesta a todo esto no puede ser resignarse. Tiene que ser ganar poder de decisión real sobre nuestra tierra, sobre quién vive en ella, cómo se planifica, cómo se protege a quienes son de aquí. Eso es lo que persigue el PTU*: no un romanticismo de bandera, sino la herramienta concreta para que el Archipiélago pueda gobernarse a sí mismo en lo que más le afecta. Vivienda, territorio, población. Lo cotidiano. Lo urgente.
Acaimo sigue buscando piso. Cada mes que pasa, los precios suben un poco más. Cada mes que pasa, lo que antes era difícil se vuelve imposible. Y en esa calle, el mamotreto sigue ahí, con sus ventanas cuadradas mirando a ninguna parte, plantado en medio de nuestra tierra como si fuera de siempre.
No es nuestro, y mientras no seamos dueños de nuestra propia tierra, tampoco será nuestro lo que construyan después. Y eso tiene que cambiar.
