Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-bc), ha acusado al Gobierno de Canarias, integrado por CC y PP, de pretender “secuestrar” la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y convertirla en “un instrumento de propaganda política” a través de la nueva Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual, actualmente en tramitación parlamentaria.
Rodríguez denunció que el proyecto legislativo concentra “todo el poder” en la Dirección General del ente público, elimina los contrapesos profesionales y parlamentarios, restringe la pluralidad informativa y favorece procesos de privatización. A su juicio, la norma copia “el poco democrático modelo de Telemadrid impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso” y, además, incumple la Constitución y la normativa europea, tal y como advierte el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
Por estos motivos, el grupo parlamentario de NC-bc presentó una enmienda a la totalidad, que fue rechazada por los votos de los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico.
Uno de los aspectos más criticados por Rodríguez es el nuevo sistema de elección de los órganos de gobierno de la RTVC, como la Junta de Control o la Dirección General. La ley elimina la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento, que obligaba al consenso entre los grupos, y permite que, si no se alcanza, los cargos puedan ser designados por mayoría absoluta, lo que facilita su nombramiento únicamente con los votos de los partidos del Gobierno.
Asimismo, cuestionó la desaparición de los Consejos Informativos, órganos reclamados por los profesionales de la RTVC y destinados a velar por la independencia editorial y la calidad de los contenidos.
Poder sin contrapesos
Rodríguez también alertó del “enorme poder unipersonal” que se otorga al director general, con competencias plenas en gestión, contratación y definición de la línea editorial. “Se eliminan los contrapesos, se vacía de contenido a la Junta de Control y se minimiza el control parlamentario”, afirmó.
El dirigente de NC-bc subrayó que el Consejo Consultivo considera que varios artículos del proyecto vulneran la Constitución y la normativa comunitaria. En particular, cuestiona que el mandato de la Junta de Control y de la Dirección General quede vinculado a la legislatura, algo incompatible con el Reglamento (UE) 2024/1083, que exige garantizar la independencia de los medios públicos mediante mandatos estables y desvinculados del ciclo político.
El Consultivo también critica que la ley no establezca plazos para la constitución de la Junta de Control y que, de forma indefinida, la Dirección General pueda asumir sus funciones, lo que —según el órgano consultivo— “institucionaliza la excepcionalidad” y compromete la adecuación de la norma a los principios constitucionales y europeos.
NC-bc propone ampliar la Junta de Control de siete a 11 o 13 miembros, sin coste añadido, con representación de todos los grupos parlamentarios y una distribución proporcional.
Defensa del pluralismo y del empleo público
Rodríguez defendió un modelo de prestación directa del servicio, con especial protección del carácter público de los informativos, y expresó su preocupación por los derechos laborales de la plantilla de la RTVC. Advirtió de que la redacción de la disposición adicional séptima abre la puerta a procesos de subrogación obligatoria y externalización que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa.
Finalmente, recordó que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, afirmó públicamente que la radiotelevisión canaria “es del Gobierno”, una visión que NC-bc rechaza de plano. “Queremos que la RTVC sea de la sociedad canaria, de su ciudadanía, de su pluralidad y diversidad, y que preste un servicio público basado en una información objetiva, veraz e imparcial”, concluyó.
