jueves, 29 febrero, 2024

Más de 200 agricultores afectados por la catástrofe volcánica exigen poder reconstruir ya sus fincas, con ayuda pública, y que la concentración parcelaria prevista sea opcional

Propietarios y trabajadores del sector se concentraron este 1 de mayo ante el Ayuntamiento de Tazacorte, que apoya sus peticiones. Reivindican además ayudas para quienes no deseen volver a cultivar y de renta y POSEI hasta que estén en producción las nuevas fincas, pues temen que se les condene a esperar 15 o 20 años

Por: CN8

Más de 200 personas se han congregado en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte este primero de mayo en una reunión convocada para defender los derechos de los agricultores con fincas sepultadas en 2021 por la lava del volcán Tajogaite. Su demanda generalizada es que las Administraciones públicas les permitan con urgencia poder volver a trabajar sus tierras, reconstruyendo sus plataneras, y recuperar su medio de vida.

Este grupo de afectados por esta catástrofe exige la aplicación de las tres vías que, a su juicio, gozan de “consenso” para la recuperación de la normalidad agraria del Valle de Aridane, sin la imposición de ninguna sino reconociendo el derecho de cada agricultor a decidir la que mejor le convenga.

Estas tres alternativas simultáneas deben ser, según defienden, “la concentración parcelaria y ejecución pública de las obras; la sorriba de la superficie original de su finca con ayudas públicas; y una ayuda directa y justa al productor por la superficie de su finca perdida, para poder seguir su vida”.

También reclaman que se garanticen ya las ayudas necesarias tanto de renta como de POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias) para el sustento de sus familias, trabajadores y aparceros hasta la puesta en producción de las nuevas fincas. Esta petición obedece que consideran que “con el modelo que pretende aprobar por decreto ley la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, no existe garantía alguna de mantenimiento de las ayudas durante el tiempo que dure la concentración parcelaria propuesta, que, dicho sea de paso, no tiene fecha estimada de finalización”. Se avecina, auguran, “la firma de una sentencia que nos condenará irremediablemente durante 15 o 20 años”.

Durante el encuentro, el presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), Amable del Corral, insistió en que la Administración pública “debe escuchar y tomar nota de las propuestas y necesidades de los afectados, y que sin ellos no es viable una reconstrucción para todos”. Recordó que PALCA, como ha expresado en varias ocasiones, defiende la sorriba con ayudas públicas para los que quieran hacerla, concentración parcelaria voluntaria para los que no deseen sorribar sus fincas, y una indemnización para las personas que no quieran o puedan seguir con el cultivo.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE.

Los agricultores afectados señalan que han encontrado en el Ayuntamiento bagañete un sólido apoyo a esta reivindicación a través de David Ruiz y Juan Miguel Rodríguez, alcalde y teniende alcalde, respectivamente.

El alcalde recalcó la necesidad de que el Cabildo de La Palma modifique la zona de exclusión para poder hacer efectivas las licencias de obra que está concediendo el Ayuntamiento de Tazacorte para la reconstrucción agrícola, ya que los 50 metros propuestos por el gobierno insular son “directamente, inaceptables e insuficientes para replantear una verdadera recuperación del suelo agrario”. Asimismo, mostró su apoyo a la búsqueda de soluciones basadas en tres alternativas planteadas por los afectados.

Por su parte, el primer teniente de alcalde consideró que “aún puede redirigirse la situación” y manifiesta que “la unidad política, demandada desde el inicio de la erupción por el presidente del Gobierno canario, empieza necesariamente por escuchar a los afectados y atender a sus demandas”.

ELIMINAR TRABAS ADMINISTRATIVAS CUANTO ANTES

Para este colectivo organizado de forma espontánea para defender el derecho a volver a trabajar sus fincas, “es necesario empezar la reconstrucción con un plan que sea de utilidad para todos los agricultores, y más en un municipio como Tazacorte, que hasta septiembre de 2019 contaba con la mayor superficie agrícola de Canarias respecto a su superficie total, y hoy ve sepultado por la lava el 30% de su territorio”.

Reclaman empezar “ya, de manera ordenada, con proyecto y licencia de obras a recuperar las fincas arrasadas por las coladas del volcán, medidas que, tras más de 500 días transcurridos del final de la erupción, no pueden dilatarse más”.

Los agricultores presentes en la reunión manifestaron que actualmente no es posible reconstruir sobre las coladas porque el Cabildo de La Palma las califica como zona de exclusión por razones de seguridad, mediante un decreto dictado en octubre de 2022, y que fue modificado el pasado abril, pero dejando fuera toda posibilidad de intervención sobre las fincas agrícolas afectadas por la catástrofe en Tazacorte.

Y es que, según enfatizan, ”la Administración ha llevado a cabo decenas de actuaciones sobre las coladas desde que terminó la erupción, por lo que reivindicamos el mismo derecho a reconstruir sobre nuestros terrenos, pues ya ha quedado demostrado que es viable y seguro hacerlo”.

Las personas reunidas el 1º de Mayo ante el consistorio insistieron, por tanto, en que las trabas para la reconstrucción sean subsanadas cuanto antes para poder empezar a sorribar fincas agrícolas en condiciones de igualdad.

Reconocen que han sido numerosos los esfuerzos económicos y humanos orientados a la reconstrucción de las fincas: desde la convocatoria de ayudas del PDR (Programa de Desarrollo Rural) realizada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para las parcialmente sepultadas, las bonificaciones del 95% en las tasas por las licencias de obra emitidas para la reconstrucción, la reducción de los costes de visado de proyectos por parte de los colegios profesionales… Pero, a juicio de estos agricultores, “ninguna de estas medidas resultará de utilidad si desde el Cabildo no se permite recuperar las fincas mediante una modificación consistente de la actual zona de exclusión”.

 

 

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