El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tildó hoy de “tardíos y frágiles” los acuerdos alcanzados entre los Gobiernos de Canarias y España para el traslado de migrantes menores de edad no acompañados y reclamó “una reforma estructural del sistema de protección a la infancia migrante que blinde sus derechos más allá de las coyunturas políticas” ante la evidencia de que las islas “seguirán siendo frontera”.
Morales considera que la naturaleza de los acuerdos “muestra la debilidad del sistema de acogida en Canarias” y recalca que “no se han logrado por la voluntad de todos los miembros del Gobierno de Canaria”. De hecho, acusa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la responsable de la cartera de Migraciones, Elma Saiz, de “no querer oír hablar de traslado de menores”.
“Desde una parte y otra han bloqueado la situación con diferentes excusas hasta que la Ley se reformó, por un lado, y el Supremo les obligó, por otro. Incluso recurrieron el auto queriéndose quitar de encima una competencia tan relevante como es dar acogida a las personas solicitantes de protección internacional”, lamentó el presidente del Gobierno de la isla.
Morales señaló también que “si estos acuerdos han fructificado ha sido por la presencia de Ángel Víctor Torres en el Gobierno de España” y subrayó que “tampoco el PP ni las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Cataluña, han mostrado cooperación efectiva”.
Dicho esto, Morales considera positivo que el acuerdo alcanzado reconozca “que la migración infantil no es un reto exclusivo de Canarias, sino una tendencia global y una cuestión de Estado que requiere responsabilidad interterritorial y financiación adecuada”.
“Pero, no podemos dejar de plantear una mirada crítica y hacer propuestas constructivas”, precisó. Y la primera de las cuatro que plantea es concretar plazos y metas, así como acciones inmediatas y medibles. “No basta con anuncios sin fecha. Exigimos un cronograma público y mecanismos de rendición de cuentas”, reclamó.
En segundo lugar, Morales alerta del “riesgo de burocratización” y de que la creación de mesas de trabajo se convierta en un sustituto de la acción efectiva, por lo que urge a “simplificar trámites para evitar que los menores sigan meses en limbo administrativo, sin tutor legal, sin acceso a la Educación y en centros hacinados”.
Como tercer elemento, el presidente del Cabildo de Gran Canaria propone un “enfoque integral” que parta de la base de que “la protección no termina con el alojamiento”, sino que “se necesita inversión en educación, salud mental y programas de integración laboral para evitar situaciones de exclusión para después de los 18 años”. Y aporta un dato para la reflexión: desde que el Supremo aprobó el auto que obligaba a acoger a cerca de mil niños y niñas solicitantes de protección internacional, han pasado tres meses, más de 120 menores se han convertido en mayores de edad y algunos de ellos están en riesgo de exclusión y sinhogarismo.
Y en cuarto lugar demanda claridad y transparencia en la distribución por Islas. Morales apunta que sin que haya datos oficiales actualizados que permitan un análisis más certero se puede sostener que Gran Canaria acoge a algo más del 50% de los menores acogidos en las Islas. Y que la siguiente isla que más se acerca a Gran Canaria, con más población y extensión, apenas pasa del 30%. “Solicitamos que en la reestructuración del mapa de acogida de la migración infantil y adolescente no se repita errores de opacidad y falta de equidad en la distribución. Es fundamental para una acogida con garantías”, remacha.
