Ir al médico y entender qué te ocurre. Seguir una clase. Participar en un procedimiento judicial con todas las garantías. Son situaciones cotidianas en las que el ejercicio de un derecho depende, para una persona sorda, de poder utilizar o no su propia lengua.
Con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos[1], que este año se celebra bajo el lema “Reivindicando los derechos humanos de las personas sordas”, la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) pone el foco en la distancia que existe entre reconocer un derecho y poder ejercerlo. “Hemos avanzado mucho en reconocimiento, pero los derechos se miden en la vida real. En una consulta médica, en un aula, ante una administración o en cualquier situación en la que una persona sorda necesite comunicarse y tomar sus propias decisiones”, afirma Roberto Suárez, presidente de la CNSE.
La entidad recuerda que todavía se producen situaciones en las que las personas sordas tienen que recurrir a familiares, buscar alternativas de comunicación o depender de soluciones improvisadas para acceder a servicios que deberían estar preparados para atenderlas en igualdad de condiciones. “No se trata de pedir un trato especial. Se trata de autonomía y del ejercicio efectivo de nuestros derechos lingüísticos”, insiste la organización.
Leyes que tiene que llegar a la vida cotidiana
Esta reivindicación cobra especial relevancia tras la reciente aprobación parlamentaria de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que refuerza la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal ya presentes en otras normativas.[2]
Uno de sus aspectos más relevantes es el refuerzo de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones, que deberá traducirse en recursos adecuados y suficientes, entre ellos la lengua de signos, el subtitulado y otros apoyos, en función de las necesidades y preferencias de cada persona. La reforma incorpora además avances concretos como la accesibilidad de la teleasistencia para las personas sordas que se encuentren en situación de dependencia, contemplando la videointerpretación y la comunicación directa en lengua de signos.
Para la CNSE, el siguiente paso es decisivo: hacer que lo aprobado funcione: “Una ley puede reconocer un derecho, pero hacen falta recursos, profesionales y servicios estables para que ese derecho llegue a las personas”, señala su presidente.
La Confederación reclama por ello, que la lengua de signos forme parte de la planificación ordinaria de servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales y las administraciones públicas. “La accesibilidad no puede depender de encontrar una solución en el último momento. Tiene que estar prevista desde el principio.”
Que las barreras de hoy no se conviertan en las barreras de mañana
Pero garantizar derechos no consiste únicamente en resolver las barreras que ya existen. La rápida transformación digital plantea un nuevo escenario en el que decisiones que se toman hoy, pueden determinar cómo accederán las personas sordas a la información y a los servicios durante los próximos años. “La inteligencia artificial ofrece posibilidades para mejorar la comunicación y el acceso a la información, pero también puede crear nuevas formas de exclusión si las lenguas de signos y la realidad de las personas sordas no se tienen en cuenta desde el diseño de estas tecnologías”, advierte Suárez.
Y si bien la reciente reforma da algunos pasos en esta dirección, al incorporar garantías relacionadas con los sistemas automatizados de las administraciones y al contemplar recursos accesibles —incluida la lengua de signos cuando sea necesaria para comprender la información—, para la CNSE hay una condición imprescindible: garantizar la participación activa de la comunidad sorda. “Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde el comienzo, incorporando las lenguas de signos y contando con las personas sordas en el diseño de estas tecnologías que van a formar parte de nuestra vida.”
En este Día Internacional de las Lenguas de Signos, la CNSE reivindica así un mismo compromiso para el presente y para el futuro: que las personas sordas puedan ejercer sus derechos lingüísticos hoy en su propia lengua, y que los nuevos entornos, servicios y tecnologías se construyan sin dejar a nadie atrás.
