Hasta el 80 % de las personas migrantes potencialmente beneficiarias de la regularización extraordinaria en Canarias se encuentran bloqueadas por obstáculos administrativos ajenos a su voluntad. Ante esta situación, Podemos Canarias ha exigido al Gobierno del Estado la ampliación inmediata del plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre para evitar que miles de personas residentes en el archipiélago queden excluidas de un proceso histórico por culpa del colapso institucional.
La formación denuncia que lo que nació como una medida de justicia social respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas corre el riesgo de convertirse en una nueva frontera burocrática. Mientras el Estado reconoce el derecho a regularizar su situación a quienes ya viven y trabajan en España, la falta de medios, la saturación administrativa y los fallos del sistema amenazan con dejar a miles de personas fuera del procedimiento.
La formación morada ha destacado la contundencia de los datos. Cerca de un millón de personas han presentado solicitudes de regularización en todo el Estado, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales y rebasa incluso el histórico proceso de 2005. Sin embargo, solo unas 360.000 solicitudes han sido admitidas a trámite, dejando aproximadamente 640.000 expedientes atrapados en un limbo administrativo. Cada día llegan unas 16.600 solicitudes, pero apenas se tramitan 6.000, generando un retraso estructural superior a 10.000 expedientes diarios. El resultado es que el plazo de resolución prometido de quince días se ha disparado hasta los tres meses, multiplicando la incertidumbre y la vulnerabilidad social.
En Canarias, el impacto es aún más grave. El certificado de vulnerabilidad exigido por el procedimiento se ha convertido en el principal cuello de botella para miles de personas migrantes. Servicios sociales municipales saturados, ausencia de instrucciones homogéneas del Ministerio, brecha digital y barreras lingüísticas están impidiendo el acceso efectivo a la regularización. La falta de coordinación del Gobierno del Estado ha obligado incluso a instituciones y entidades sociales canarias a asumir tareas para las que no disponen ni de competencias ni de recursos suficientes.
La situación se agrava por la proliferación de mafias que revenden citas administrativas por importes que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros, lucrándose de la desesperación de quienes intentan ejercer un derecho reconocido legalmente. Ningún procedimiento público puede depender del mercado negro ni convertir la pobreza en un criterio de exclusión.
Podemos Canarias recuerda además que la regularización no solo es una cuestión de derechos humanos. Estudios especializados estiman que cada persona regularizada aporta más de 3.250 euros netos al año a las arcas públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales, fortaleciendo la Seguridad Social y combatiendo la economía sumergida. Regularizar significa proteger derechos, reforzar la cohesión social y debilitar las redes de explotación laboral que se benefician de la irregularidad administrativa.
La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, afirmó: «No podemos permitir que miles de personas queden fuera por culpa de una Administración colapsada. La burocracia no puede convertirse en una frontera invisible que niegue derechos fundamentales a quienes ya forman parte de nuestra sociedad».
Santana añadió: «Canarias conoce mejor que nadie las consecuencias de la desprotección. El Gobierno del Estado tiene instrumentos legales para actuar y debe hacerlo antes del 30 de junio. Prorrogar el plazo no es una concesión: es una obligación democrática y jurídica».
Podemos Canarias recuerda que el artículo 32 de la Ley 39/2015 permite ampliar plazos administrativos cuando concurren circunstancias extraordinarias y no se perjudican derechos de terceros. El colapso de las oficinas, la falta de citas, los retrasos consulares y las dificultades específicas que sufren las islas justifican plenamente esta medida excepcional. La formación insta al Consejo de Ministros a aprobar con urgencia una prórroga hasta el 30 de septiembre y a reforzar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para garantizar que ningún derecho quede atrapado en un expediente pendiente.
