“Urge un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley y mejorando su financiación. La educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias”, señala Rodríguez en su artículo dominical
Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), denuncia el estrangulamiento económico de las universidades púbicas canarias por parte del Gobierno de Clavijo. Una actitud que repite el modelo que Ayuso ha impuesto en la Comunidad de Madrid, ahogando financieramente a sus seis centros públicos superiores para beneficiar la expansión de las universidades privadas. Frente a ello, llama a cumplir la Ley, que obliga a que el sistema universitario canario disponga del 1% del PIB en los Presupuestos de 2030. Y recuerda que la competencia es de la Comunidad Canaria, que cuenta con recursos para superar la actual infrafinanciación, pero carece de voluntad política para afrontarla.
Señala que resulta completamente lamentable que, frente a las penurias que sufren nuestras universidades públicas, la Consejería de Universidades del Gobierno CC-PP, por mala gestión (ejecutó solo 42,9 millones de los 73,5 dispuestos), se vea obligada a devolver 22,4 millones de euros de fondos europeos.
Rodríguez valora la reacción social que supone la publicación del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.500 personas. En su texto se destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como estatal, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.
1% del PIB
Igualmente, considera muy relevante la creación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), que encabezan los dos rectores de las universidades canarias, Francisco García (ULL) y Lluís Serra (ULPGC), “con la voluntad de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social”. En su acto de constitución, la UPCAN reclamó alcanzar para nuestro sistema universitario el 1% del PIB canario en el año 2030, como establece la LOSU, lo que supondría disponer de un presupuesto que superaría los 500 millones de euros para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora.
Nueva Canarias insta al Gobierno canario a presentar, en un plazo máximo de tres meses, un contrato programa negociado con las universidades públicas canarias, que, conteniendo los instrumentos de programación y financiación plurianuales, incluya los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. “Esta financiación por objetivos deberá ser adicional a la financiación estructural basal y a la financiación por necesidades singulares de nuestras universidades, tal como establece el artículo 56 de la LOSU”.
Patrimonio de la sociedad canaria
El secretario nacional de Programas de NC-bc destaca que la actual ofensiva ultra ve en las universidades “solo un negocio y, por eso, trata de debilitar a las públicas para favorecer a las privadas. Desde NC-bc rechazamos por completo ese modelo. Consideramos que nuestras universidades públicas constituyen un patrimonio de la sociedad canaria. Que merecen ser respetadas y apoyadas, recibiendo un trato justo del Gobierno de Canarias. Abandonarlas, como está sucediendo, supone un grave perjuicio para la sociedad de las Islas, para su docencia e investigación, para una mejor formación de su ciudadanía, para poder competir en un mundo cada vez más cambiante y donde la I+D+i es una piedra angular”.
Urge, por ello, un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley, mejorando su financiación y, en definitiva, siendo consecuentes con el hecho de que la educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias, para su transformación y para la diversificación de su economía. “Tenemos competencias y hay recursos económicos. Falta decisión política, saber priorizar el gasto público y hacer una gestión eficiente”.
