Podemos Canarias ha denunciado este viernes un ,hecho “tan grave como revelador”: ya hay más camas turísticas que personas censadas en seis municipios del archipiélago. La formación morada considera que este dato confirma la expulsión sistemática de vecinas y vecinos por un modelo turístico sin límites, y ha exigido al Gobierno de Canarias medidas inmediatas.
Si no se declara oficialmente a estos municipios como zonas tensionadas en cumplimiento de la Ley de Vivienda estatal,
Podemos llevará el caso a los tribunales.
Los municipios afectados —Adeje, Mogán, Yaiza, Tías, Pájara y San Bartolomé de Tirajana— superan en plazas turísticas al número de personas residentes. En Yaiza, por ejemplo, ya hay más de 62 camas turísticas por cada 100 personas, un dato que ilustra un modelo urbano basado en la rotación económica y no en el derecho a habitar. Esta saturación vacacional es, para Podemos, una evidencia del descontrol y la falta de planificación que favorece a fondos especulativos y expulsa a quienes sostienen los barrios: profesorado, sanitariado, personal de limpieza o del comercio local.
“El turismo puede ser fuente de riqueza, pero no puede devorarlo todo. Si dejamos que la vivienda se convierta en producto financiero, lo que se expulsa no son solo personas, sino también la posibilidad misma de tener comunidad”, ha declarado Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias. Santana ha advertido que, si el Gobierno autonómico sigue sin aplicar la Ley Estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas y limitar precios, “tendrán que rendir cuentas ante los tribunales”.
Podemos Canarias propone una hoja de ruta concreta para reconvertir progresivamente viviendas turísticas en residencias habituales. Este plan incluye incentivos fiscales para la reconversión voluntaria, penalizaciones a viviendas deshabitadas en zonas de alta demanda, y cláusulas que obliguen al alquiler de larga duración en determinados casos.
Además, apuestan por dotar a los ayuntamientos de herramientas efectivas para zonificar el uso del suelo y frenar la especulación, tal y como permite la Ley de Vivienda de 2023 y la nueva Ley Canaria de Vivienda Vacacional.
El 80 % del crecimiento alojativo en Canarias en los últimos años se ha producido en viviendas de uso turístico, no en hoteles. Esta expansión coincide con un aumento récord en los precios del alquiler residencial, que ya consumen más del 55 % del salario medio de las personas en las islas. “¿Qué médica, qué docente o qué camarero va a poder vivir aquí
si todo está en Airbnb? Es una pregunta incómoda, pero urgente”, concluye Santana.
Podemos reitera que proteger el parque habitacional no es un ataque al turismo, sino una obligación democrática y social: “Recuperar viviendas para quienes viven aquí es un acto de justicia, de cordura y de futuro”.
