Según ha informado hoy Podemos Canarias, si el actual ritmo de puesta disposición de vivienda social y protegida no se acelera radicalmente, el archipiélago tardará más de cuatro siglos en cubrir las necesidades habitacionales de su población. Y lo peor, advierte la formación morada, es que para 2027 el número de personas sin hogar se duplicará, la pobreza se disparará y la juventud será expulsada del mercado residencial en un territorio que ya bate récords turísticos pero donde vivir dignamente es un privilegio inalcanzable.
“Mientras el Gobierno presume de planes, miles de personas sobreviven en caravanas, garajes o pisos compartidos con tres generaciones. Canarias no necesita discursos, necesita casas. Y las necesita ya”, ha declarado Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias.
La proyección para los próximos dos años es tan demoledora como precisa. Si no se toman medidas urgentes, más de 5.000 personas vivirán en situación de sinhogarismo en 2027, muchas de ellas con empleo estable en la hostelería o el comercio. Lejos de disminuir, el parque de viviendas vacacionales seguirá creciendo, superando las 54.500 unidades, empujado por una regulación que ha funcionado como acelerador de la especulación.
Este fenómeno está vaciando las zonas residenciales y saturando el mercado del alquiler, al tiempo que la vacancia funcional —las viviendas realmente habitables y disponibles— se reduce peligrosamente, cayendo a un rango de entre 150.000 y 156.000 unidades.
Paralelamente, el sistema judicial absorberá el impacto del colapso habitacional: se esperan más de 4.000 lanzamientos anuales, la mayoría derivados de impagos de alquiler. Todo ello, en una Canarias con una población creciente que ya no cabe en su tierra.
Más allá de las cifras, Podemos Canarias pone el foco en el deterioro humano que conlleva este modelo. La cronificación del «trabajador sin techo» ya es una realidad visible: personas que, pese a tener empleo, duermen en sus vehículos o en habitaciones alquiladas por semanas. La falta de vivienda no es solo un síntoma económico, sino un vector de
enfermedades mentales, exclusión y violencia estructural. En 2025, un 44,5% de las personas sin hogar padecen enfermedades crónicas, y más del 30% sufre depresión, ansiedad u otros trastornos graves.
La situación se agrava cuando se contrasta con la parálisis institucional. En 2023, el Gobierno de Canarias solo construyó 69 viviendas protegidas, mientras más de 30.000 familias esperan una solución. La brecha entre la necesidad real (44.000 viviendas) y la respuesta pública equivale, a este ritmo, a esperar más de 435 años para resolver el
problema.
Podemos acusa al Ejecutivo de Fernando Clavijo de haber convertido una crisis habitacional en una política de exclusión institucionalizada. Lejos de asumir la urgencia del problema, el Gobierno ha apostado por planes a medio plazo, como el Plan de Vivienda 2026–2029, que aún se encuentra en trámites iniciales. «La administración ha preferido redactar directrices en lugar de entregar llaves. Es una renuncia burocrática que condena a miles de familias al desarraigo», denuncia la formación.
Además, la compra de vivienda por parte de no residentes sigue en aumento, superando el 25% de las transacciones anuales, lo que refleja una pérdida continua de soberanía residencial. A ojos de Podemos, el modelo económico vigente transforma la vivienda en un activo financiero para unos pocos y en una condena para la mayoría.
