El Grupo Popular ha valorado hoy el proyecto de Presupuestos 2024 del Cabildo de Gran Canaria –el noveno que elabora el gobierno insular presidido por Antonio Morales- como “otra oportunidad perdida” para impulsar el crecimiento económico, la generación de riqueza y el bienestar social de todos los grancanarios.
Según el portavoz popular, Miguel Jorge, “no es un presupuesto que apueste por el empleo ni por el principal sector económico de la Isla, que es el turismo, y sigue teniendo los mismos defectos que otros años, pues está hecho a la medida de determinados ayuntamientos y sectores sin la pluralidad necesaria e imprescindible para poder atender las necesidades de toda la ciudadanía de Gran Canaria”.
Por ello, Miguel Jorge anunció que el PP ha presentado una enmienda a la totalidad para que el proyecto de Presupuesto sea devuelto y se elabore de nuevo con las aportaciones de todos los grupos políticos, ya que un año más siguen siendo ”unos presupuestos clientelares” donde una de las principales partidas presupuestarias se destina a repartir subvenciones de manera discrecional por parte del presidente a diversas instituciones y entidades.
A este respecto, el líder de la oposición en la Corporación insular denunció el reparto de las ayudas a los distintos ayuntamientos, “que se hace sin ningún criterio objetivo y sin un procedimiento abierto con igualdad y libre concurrencia”, como marca la Ley de Subvenciones y como han advertido de manera reiterada la propia Intervención General del Cabildo y los diferentes organismos auditores de las cuentas públicas.
El PP señala en su enmienda a la totalidad que un Presupuesto consolidado que supera los 916 millones de euros “debiera servir para que nuestra isla liderara las tasas de crecimiento y empleo, pero nada más lejos de la realidad pues Gran Canaria sigue registrando unos datos de paro desalentadores y unos índices de pobreza y exclusión social alarmantes”.
Asimismo, el Grupo Popular critica que, pese al incremento del 8,9% del Presupuesto, el gobierno insular recorte las partidas destinadas a áreas tan sensibles como Cultura, Igualdad o Violencia de Género, mientras el Servicio de Presidencia aumenta su asignación en casi 9 millones de euros (de 20,1 a 29 millones) para gastos en patrocinios, publicidad y propaganda.
Los populares destacan también el “escaso apoyo” del Cabildo de Gran Canaria a los ayuntamientos de la Isla a través de los Planes de Cooperación, que pese al aumento de los ingresos sigue congelado desde hace 8 años en 15 millones de euros anuales, “algo inexplicable si tenemos en cuenta que es una herramienta básica para que los municipios puedan ejecutar un plan de inversiones que sirva como generador de empleo”.
22 enmiendas parciales
Miguel Jorge explicó que, junto a la enmienda a la totalidad, el PP ha presentado otras 22 enmiendas parciales enfocadas principalmente a la mejora de las infraestructuras viarias, la modernización de los equipamientos e infraestructuras turísticas, la dinamización del comercio local, a políticas de medio ambiente y educativas y, sobre todo, a diferentes actuaciones en materia de política social.
Así, el PP plantea incorporar un millón de euros para el arreglo y mejora de la GC-15 y la GC-60; 600.000 euros para implantar el Bono Consumo Gran Canaria; 200.000 euros para dinamización de zonas comerciales abiertas; un millón para poner en marcha un Plan de Embellecimiento de la Isla, otro millón para acciones de reforestación y un millón más para el mantenimiento de la Red Insular de senderos y Caminos Reales.
Además, el PP incorpora un millón de euros al Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas para impulsar la renovación de los equipamientos públicos; 600.000 euros para la creación de Becas de inmersión lingüística destinada a estudiantes de la Isla; un millón más para la puesta en marcha de un Plan contra la pobreza infantil; 500.000 euros para mejorar la atención a las personas mayores; 400.000 euros para remodelar los centros de atención a las personas con discapacidad intelectual; 600.000 euros para crear una bolsa de vivienda vacías para destinarlas a alquiler; 500.000 euros para mejora de la accesibilidad en inmuebles de familias vulnerables; o 100.000 euros para un bono social eléctrico dirigido a personas con escasos recursos.
