Las islas Canarias cuentan con un patrimonio natural privilegiado, un territorio con el mayor número de endemismos vegetales de la Unión Europea, ecosistemas únicos y una singularidad paisajística que ha traspasado nuestras fronteras, siendo la tarjeta de presentación a los visitantes y el legado hacia las generaciones futuras. Sin embargo, la presión que sufren es tremenda y el uso público se ha desbordado, tanto por la masiva afluencia de turistas, como por la cada vez mayor presencia de residentes que buscan llevar sus actividades de ocio y recreo a la naturaleza. El comportamiento de muchas personas resulta totalmente incompatible con el cumplimiento de la normativa de protección medioambiental y genera impactos negativos y agresiones a nuestro entorno natural, poniendo en claro peligro el sostenimiento de la biodiversidad y el mantenimiento de nuestros paisajes.
Si bien es necesario que las autoridades y administraciones competentes también desarrollen acciones de educación y concienciación ambiental como la mejor herramienta para mejorar el comportamiento y respeto de las normas por parte de la ciudadanía, es igualmente importante que haya un sistema que asegure el cumplimiento de dicha normativa. En este sentido, los y las Agentes de Medio Ambiente constituyen una autoridad ambiental que vigila y protege nuestro entorno natural. Realizan las funciones de policía administrativa y judicial genérica en materia medioambiental, levantando actas de denuncia con presunción de veracidad por las agresiones al medio natural y persiguiendo los delitos ambientales.
Las organizaciones firmantes consideramos que es necesario un cambio profundo y una apuesta clara por mejorar la situación de los colectivos de Agentes de Medio Ambiente, con el objetivo de llevar a cabo una mejor y más eficaz protección de la naturaleza. Para ello, pedimos a todas las organizaciones políticas que se comprometan con:
ADECUACIÓN DE LAS PLANTILLAS Y REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.
La dotación de Agentes de Medio Ambiente en las islas es mínima, y el colectivo presenta un importante envejecimiento y falta de renovación desde hace años. Actualmente se dan ejemplos sangrantes de esta situación en muchas zonas. El Parque Nacional del Teide, con sus más de cuatro millones de visitantes, es controlado por solo cinco agentes. El Parque Nacional de Timanfaya cuenta únicamente con un agente de medio ambiente para su vigilancia. En La Gomera, el Cabildo Insular dispone actualmente de tres agentes operativos. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales cuenta tan sólo con un único agente en la isla de La Graciosa. En el sur de Tenerife, cuatro agentes vigilan y se ocupan de los 19 espacios naturales protegidos. Ejemplos todos ellos, entre muchos, que muestran la urgente necesidad de adecuar de forma contundente las plantillas a las necesidades de vigilancia encomendadas.
PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE VIGILANCIA INSULAR.
La mayoría de las administraciones públicas con competencias en la conservación de la naturaleza en Canarias no cuentan actualmente con Planes de Vigilancia que marquen objetivos prioritarios, líneas de actuación u otras necesidades.
Para una adecuada consecución de los objetivos de conservación se hace necesario la implementación de planes maestros de vigilancia ambiental que vertebren, organicen y racionalicen las funciones de vigilancia ambiental en el marco comarcal, insular y regional.
CREAR ESTRUCTURAS INSULARES JERARQUIZADAS, OPERATIVAS Y EFICACES. MEJORAR LA FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN.
Como se ha enfatizado por parte de la Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales de Canarias, en la mayoría de las islas, el colectivo carece de estructuras administrativas adecuadas para el correcto desarrollo de sus funciones. Los y las Agentes no disponen en la actualidad de la operatividad necesaria para un colectivo que tiene que desempeñar funciones policiales.
Es necesario cambiar el modelo actual por modelos que se han demostrado de mayor éxito en la persecución del delito y de las infracciones medioambientales. No solo se trata de aumentar el número de agentes, sino que es necesario mejorar la estructura y operatividad, al mismo tiempo que apostar por la necesaria formación y especialización, en materias tan diversas y específicas como las que atienden los y las agentes en el marco de sus competencias medioambientales. Canarias necesita disponer de Cuerpos de Agentes de Medio Ambiente modernos, eficaces y altamente especializados.
CUMPLIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ANCIONADOR
El régimen sancionador de conductas y actividades contrarias a la conservación conforma un tridente junto a la información veraz y la educación y sensibilización ambiental para conseguir el objetivo común de mantener los procesos ecológicos y, en consecuencia, los espacios naturales. Por ello junto a la realización de campañas de información y educación ambiental es necesario dotar de los recursos humanos y técnicos suficientes a las unidades de tramitación de los expedientes sancionadores. La Administración está obligada a dar trámite a todas y cada una de las denuncias interpuestas, por lo que pedimos a todas las organizaciones políticas que se comprometan a que ninguna infracción quede impune por falta de medios para su tramitación, como desgraciadamente ocurre en la actualidad en Canarias.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la necesidad de crear unidades especializadas en la persecución de las infracciones detectadas en redes sociales, páginas webs o similares, de manera que no queden impunes como está sucediendo, actualmente, en la mayoría de los casos.
Consideramos necesario, también, establecer un marco jurídico, a nivel europeo e internacional, que facilite la tramitación de las infracciones cometidas por los ciudadanos extranjeros no residentes.
APOYO A LA LEY BÁSICA ESTATAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA LEY CANARIA.
Pedimos también un apoyo sin fisuras a la Ley Básica Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y que permitirá crear un marco legal claro con respecto a la profesión, mejorando su seguridad jurídica, anclando normativamente sus funciones y competencias, y reforzando su papel como policía administrativa y judicial genérica para la persecución de los delitos ambientales.
Paralelamente, se hace necesario actualizar la normativa canaria que les afecta, ya que actualmente dependen de una Ley de Creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del año 1989, que necesita de una renovación y adaptación a las nuevas realidades sociales, ambientales y administrativas.
