Nauzet Fariña, candidato de Nueva Canarias (NC)-Bloque Canarista a la alcaldía de Arona, afirma que el próximo mandato 2023-2027 el municipio debe ser el del impulso definitivo a un nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Para ello considera indispensable un cambio de gobierno a partir del 28 de mayo, con el fin de dar a la nueva planificación territorial el tratamiento que se merece, «avanzando todo lo rápido que nos permita la legislación vigente, para lo cual pondríamos los medios humanos y materiales necesarios, y siempre desde los principios de la defensa del interés general, la máxima transparencia y participación ciudadana».
El cabeza de lista de NC en Arona cree que un municipio de esta importancia, el tercero más poblado de Tenerife y el quinto en Canarias, y con 40.000 camas turísticas, debe actualizar su Plan General, dejando atrás «la mala gestión y las tentaciones de encajar operaciones urbanísticas contrarias al interés general», mediante un proceso que tiene que ser «limpio, transparente y totalmente participativo».
Con tal propósito, Fariña defiende que con el nuevo Plan General reserve el suelo necesario para un incremento significativo de las viviendas de protección oficial, con la intención de satisfacer la demanda de familias que no pueden acceder a un hogar por la especulación inmobiliaria y la falta de regulación del alquiler vacacional, pese a ser un derecho constitucional.
También aboga por preservar el suelo rústico agrario en producción y potencialmente agrario, pues son bolsas de terreno estratégicos para conservar e impulsar el sector primario, uno de los objetivos de NC.
Asimismo, el candidato a alcalde señala que el nuevo planeamiento tiene que buscar una solución para las viviendas residenciales que sean primera vivienda y hoy en día fuera de ordenación, con la regularización del máximo número posible, aunque con las miras en que en el futuro estas situaciones de indisciplina urbanística no se repitan.
Igualmente, el nuevo Plan General debe permitir unas soluciones para la movilidad que primen el transporte público colectivo antes que una indiscriminada ocupación de suelo para nuevas carreteras, sin perjuicio de mejorar las existentes o completar la red viaria allí donde resulte indispensable para las comunicaciones interiores del municipio.
«Si todo se hace conforme a la legalidad, tendremos un Plan General lo antes posible, para contar con un marco territorial que permita las inversiones públicas indispensables para dar una calidad de vida a la población y dé seguridad jurídica a la inversión privada», apostilla Fariña.
