Román Rodríguez, secretario nacional de Programas, Formación y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), asegura que la gestión del fenómeno migratorio se complicará mucho si PP-Vox gobiernan en el Estado. Español. “Con toda seguridad frenarán la derivación de personas migrantes al resto del estado español y la Unión Europea (UE), obligándoles a permanecer en las Islas. De hecho, las comunidades que gobiernan ya se oponen incluso al acogimiento de menores al que les obliga la actual legislación”.
Señala, por otra parte, que de los 101.000 migrantes que alcanzaron las costas canarias entre 2023 y junio de este año, solo permanece en las islas el 5%, algo más de 5.000, de los que 2.400 son menores no acompañados. Por lo tanto, más de 95.000 ya no se encuentran en nuestra comunidad. Una política adecuada que se puede quebrar con la ultraderecha en el poder visto sus actuaciones en las comunidades autónomas y el seguimiento que el PP hace de estas.
En su momento, todos los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, respaldaron el acuerdo alcanzado por los gobiernos español y canario para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y garantizar la distribución de los menores no acompañados que llegan a las islas. Además, esta medida contó con el apoyo de los cabildos, ayuntamientos y entidades del tercer sector del Archipiélago. Todo esto puede cambiar con un gobierno ultra en España.
Adecuada atención
El secretario nacional de Programas y Estrategia de NC-bc destaca que en su formación política “siempre hemos defendido su acogida entre las distintas nacionalidades y regiones, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico. Así como una distribución interna razonable entre todas las islas, para equilibrar la responsabilidad de la tutela entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos que garantizan una adecuada atención humanitaria”.
Entendemos, también, que los organismos estatales e internacionales, entre ellos la Unión Europea, deben actuar siempre desde el respeto a los derechos humanos (y, en particular, los que afectan a la infancia), intensificando la cooperación al desarrollo y las acciones a favor de la paz.
Así como en la búsqueda permanente de alternativas regularizadas y legales que permitan compaginar los deseos de una vida mejor de los migrantes con las necesidades que tiene Europa de ser receptora de millones de personas en las próximas décadas para que puedan funcionar sus distintos sectores económicos. Evitando la explotación por mafias sin escrúpulos, el elevado riesgo de travesías muy peligrosas y las numerosas muertes en el mar; y, al mismo tiempo, combatiendo con firmeza el veneno del odio inoculado por las extremas derechas -y asimilado por parte de las derechas tradicionales- que trata de deshumanizarlos.
