La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha pedido al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) que escuche al presidente del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, Pedro Llorca, quien afirmaba en el periódico Canarias 7 este fin de semana que el Ayuntamiento capitalino debía ser “benevolente” y no cerrar más entidades de reparto de comida.
“Quieren acabar con las ‘colas del hambre’ por una vía perversa, pues no lo hacen mejorando el sistema integral de ayudas a personas vulnerables sino cerrando las entidades de reparto situadas en inmuebles municipales, como si haciendo esto las personas necesitadas fueran también a desaparecer”, afirmó la portavoz popular.
El Partido Popular recuerda que lleva meses alertando de esta práctica que, por ejemplo, en septiembre de 2021 propició una situación “esperpéntica”, a juicio de los populares, al desalojarse y cerrar una entidad de reparto en Zárate a la que Augusto Hidalgo, alcalde capitalino, remitió una carta dándole 10 días “para el desalojo de los alimentos depositados”, según recogía el texto.
“Ese día quedará marcado en la historia negra de la ciudad y terminó con los responsables de la entidad de reparto, los propios beneficiarios y hasta los representantes públicos que les acompañamos el día del desahucio desalojando el local para poder llevarse la comida a otro barrio, a un local privado”, recuerda la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria entre 2003 y 2007.
Luzardo advierte de que ya entonces su partido se puso a disposición de los colectivos sociales para prestarles toda la ayuda necesaria. “Los locales sociales municipales no son del Partido Socialista ni de Podemos, sino propiedad de todos los ciudadanos”, enfatiza la edil del PP, quien destaca que no puede haber mejor uso social de esos locales que “precisamente dignificar las condiciones de reparto de alimentos a las familias más necesitadas de los barrios y mejorar las condiciones de la labor altruista y desinteresada que llevan a cabo”.
Llorca en sus declaraciones públicas destacó que estas organizaciones que ahora cierra el Ayuntamiento “resuelven un problema social” porque además trabajan “piel con piel” con familias en situación de necesidad. La consecuencia de estas políticas “de la patada en la puerta y desalojo de colectivos esenciales” ha sido que deban hacer el reparto de esos alimentos en plena calle o en las plazas de los barrios. Así mismo se han agotado ya las tarjetas de alimentos -que se suponía venían a sustituir la labor de estos puntos de reparto- y ha finalizado el contrato de una treintena de trabajadores que realizaron labores de apoyo para la tramitación de prestaciones.
“Es una imagen que debe quedar siempre en la retina de cualquier simpatizante del Partido Socialista en esta capital, de Podemos y de Nueva Canarias, para recordar siempre la línea roja que sus gobernantes nunca debieron sobrepasar”. La concejal popular lamenta que no sólo llevan años prometiendo que el Ayuntamiento iba a ayudar a estas entidades de reparto con los costes del transporte de los alimentos desde las naves centrales de distribución del Banco de Alimentos a los distintos barrios, algo que no se ha cumplido, sino que no contento con ello, “ahora también se les prohíbe hacer uso de los inmuebles públicos para guardar, organizar y distribuir los alimentos que cada familia necesita”.
Este “desprecio” a estos colectivos por parte del grupo de gobierno es “mayúsculo”, a juicio del PP, que destaca que los alimentos recibidos por el banco de Alimentos deben estar a buen recaudo, en espacios adecuados, hay que organizarlos y preparar cada paquete de forma equilibrada en función de las familias a las que atender.
