Podemos Canarias exige al Gobierno de Fernando Clavijo que no entregue cerca de 500 millones de euros a las grandes hoteleras sin haber agotado antes todas las vías judiciales viables. La formación considera un “escándalo histórico” que se pretenda cerrar mediante acuerdos una factura de esta magnitud y anuncia que estudia llevar el caso a la Fiscalía si los informes internos revelan que el Ejecutivo aceptó pagar cantidades muy superiores a las que sus propios servicios técnicos y jurídicos consideraban defendibles ante los tribunales.
Podemos Canarias reclama inmediatamente las tasaciones, informes jurídicos y valoraciones administrativas de todos los expedientes. La formación maneja como hipótesis provisional que el riesgo económico real podría encontrarse en todo caso en torno a los 300 millones. “Si los técnicos del Gobierno calculaban que Canarias podía terminar pagando alrededor de 300 millones y Clavijo decide entregar cerca de 500, alguien tendrá que explicar por qué se regalan potencialmente 200 millones más a las hoteleras”, afirma la portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana. “Y si existiera una resolución arbitraria adoptada a sabiendas de su injusticia, estaríamos ante hechos que deberán examinar los tribunales”. El artículo 404 del Código Penal tipifica la prevaricación cuando una autoridad dicta conscientemente una resolución arbitraria e injusta.
La formación rechaza además el relato de que Canarias habría “ahorrado” 500 millones porque las empresas llegaron a reclamar alrededor de 1.000 millones. En mayo de 2025, el propio Clavijo explicó públicamente que el Gobierno negociaba reducir unas reclamaciones cercanas a esa cifra hasta menos de 500 millones. Pero reclamar 1.000 millones no significa que existiera una deuda firme de 1.000 millones. El artículo 17 de la Ley 6/2009 reconoce una indemnización por determinados derechos edificatorios, pero obliga a calcularla conforme al régimen legal de valoración del suelo. “No puede llamarse ahorro a pagar la mitad de lo que pide una empresa. El ahorro solo existe si se demuestra cuánto podía obligar realmente un tribunal a pagar”, sostiene Santana.
La propia actuación administrativa anterior demuestra esa diferencia. En marzo de 2023, una empresa presentó al Gobierno una valoración de 38,27 millones de euros por una parcela de Pasito Blanco-Santa Águeda. El Ejecutivo no convirtió automáticamente esa reclamación en deuda pública: abrió el procedimiento para que el Servicio de Valoraciones determinara la indemnización correspondiente. Podemos considera que Clavijo debe demostrar ahora que ha hecho exactamente lo mismo con cada expediente. “Queremos saber qué pedía cada hotelera, qué valoraban los técnicos públicos, qué defendían los Servicios Jurídicos y por qué se decidió pactar. Sin esos documentos, hablar de éxito es propaganda”, señala Santana.
Por su parte, Fernando Ruiz, secretario de comunicación de Podemos Canarias, añade que «el pueblo canario no le debe nada los hotelero, que usan todas sus herramientas para que acabemos pagando lo de siempre» y concluye que «no tiene ningún sentido compensar por perdidas a los que están ganando millones y millones todos los años gracias a nuestro trabajo».
La formación de izquierdas exige que la Administración litigue hasta las últimas consecuencias cuando exista una posibilidad jurídica razonable de reducir la factura. Reclama recurrir ante el Tribunal Supremo cuando proceda y utilizar cualquier otra vía legal disponible, incluido el Tribunal Constitucional únicamente cuando concurran los requisitos constitucionales y procesales exigidos.
“El gobierno no está obligado a regalar millones a las empresas, está obligado a defender el dinero de la ciudadanía”, afirman desde Podemos. La organización política considera especialmente grave que, una vez más, las grandes empresas turísticas aparezcan como beneficiarias de decisiones millonarias mientras Canarias sufre graves carencias en servicios públicos.
