El Grupo Territorial de los y las Socialistas de Canarias en las Cortes Generales ha lamentado que el Partido Popular haya impedido este jueves, en la Comisión Mixta sobre Insularidad, la aprobación de la enmienda socialista que proponía la colaboración entre la Administración General del Estado y el Servicio Canario de Salud para extender la vacunación internacional a las islas no capitalinas.
El senador socialista por La Palma y secretario federal de Sanidad, Kilian Sánchez San Juan, encargado de defender la propuesta, lamentó que el Partido Popular «haya rechazado una enmienda que únicamente buscaba acercar un servicio sanitario a los canarios y canarias que viven en las islas no capitalinas, aprovechando la capacidad y la implantación territorial del Servicio Canario de Salud».
Sánchez San Juan recordó que la propuesta mantenía las competencias de Sanidad Exterior en la valoración médica de los viajeros y planteaba únicamente articular un mecanismo de colaboración entre administraciones para facilitar la administración de las vacunas, como ya ocurre en Baleares, donde precisamente gobierna el Partido Popular. «Era una iniciativa útil, viable y respaldada también por la propia Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que apuesta por aprovechar la red de Atención Primaria para evitar desplazamientos innecesarios y garantizar una atención más cercana a la ciudadanía», afirmó.
El senador socialista ha criticado la falta de coherencia del PP, recordando además que son partido de gobierno en Canarias. «Lo único que faltaba era voluntad política. El Gobierno de Canarias, del que forma parte el Partido Popular, tenía la oportunidad de respaldar una propuesta de sentido común que mejora un servicio público sin alterar el reparto competencial. Han preferido votar en contra de una solución dirigida a ofrecer mayores garantías en la atención de canarios y canarias», dijo.
La iniciativa socialista se enmarcaba en la necesidad de facilitar este servicio a la ciudadanía residente en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, Lanzarote y La Graciosa, cuyos habitantes continúan viéndose obligados a desplazarse a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria cuando deben recibir alguna de las vacunas exigidas para determinados viajes internacionales.
La enmienda socialista instaba a analizar, junto al Gobierno de Canarias y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, las distintas vías para mejorar la prestación del servicio, así como a diseñar un modelo descentralizado de vacunación internacional mediante fórmulas de colaboración entre ambas administraciones.
Asimismo, proponía constituir un grupo técnico integrado por las administraciones implicadas para definir el instrumento jurídico y operativo más adecuado para implantar este modelo, estableciendo además un plazo máximo de seis meses para informar sobre las medidas adoptadas y el calendario previsto para la extensión efectiva del servicio a las islas no capitalinas.
