Drago Canarias exige al Gobierno de Canarias un plan urgente para la eliminación del amianto en el Archipiélago ante la imposibilidad de continuar enviándolo a la Península a partir del próximo 30 de abril, lo que podría generar un problema de salud pública.
Resulta que algunas de las comunidades autónomas a las que Canarias envía el amianto que se retira en las Islas, principalmente Andalucía, que es la mayor receptora, han sacado adelante una normativa que entrará en vigor el 30 de abril y que impide continuar aceptando más traslados de este material.
Hasta ahora, al no disponer Canarias de un cementerio de amianto —que es altamente cancerígeno—, se trasladaba de las islas no capitalinas a las capitalinas y de ahí a la Península. Sin embargo, este itinerario queda obsoleto, por lo que las obras donde se detecte este material quedarán paralizadas a falta de una vía legal para retirarlo.
De hecho, en base al “Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos”, el tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá ser superior a los seis meses, movido por el que la respuesta ante esta situación debe ser rápida.
Tal y como explicó la Portavoz Nacional de Drago Canarias, “nuestra ciudadanía ya está haciendo enormes esfuerzos para retirar legalmente este material, en un proceso que es complejo y costoso” y añadió que “si de repente desaparecen las vías legales para hacerlo, den por seguro que nuestros barrancos se van a llenar aún más de este material, con el consiguiente riesgo para la salud pública”.
En este sentido, Peña exigió al Gobierno de Canarias “un plan de contingencia urgente” para “una situación que es inminente y que va a afectar a la práctica totalidad de la ciudadanía canaria”.
El problema del amianto en Canarias
Actualmente, el amianto se encuentra ampliamente implantado en las Islas, principalmente en tejados, tanques de agua, revestimiento de muros o tuberías de agua. Su proceso de retirada es lento y costoso, por lo que existe el riesgo de que a partir del 30 de abril aumenten las retiradas al margen de la ley y los abandonos en barrancos o vertederos ilegales, con el peligro para la salud pública que ello conlleva.
Por su parte, según la ley 7/2022, de 8 de abril, los ayuntamientos deben hacer un censo de las instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario que planifique su retirada, debiendo ser en ambos de carácter público y en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley. Sin embargo, a día de hoy, solo unos pocos ayuntamientos han hecho públicos los censos de amianto, pero ninguno el calendario de retirada.
