El Partido Popular de La Laguna advierte que el Ayuntamiento está ejecutando exhumaciones en los cementerios municipales sin garantizar la comunicación fehaciente a los familiares y sin disponer de un registro correctamente actualizado de las personas afectadas. La formación denuncia que esta situación ha provocado un profundo malestar entre los vecinos y exige la paralización inmediata de todos los procedimientos hasta que se asegure el respeto y la información debida a cada familia.
La moción presentada por el portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Molina, subraya que se están produciendo actuaciones “que no sólo evidencian una gestión ineficiente, sino temeraria, de nuestros difuntos”. Según ha podido confirmar el PP, existen casos concretos reconocidos incluso por fuentes vinculadas al propio Ayuntamiento, en los que se habrían practicado exhumaciones sin previo aviso o con notificaciones incompletas.
Desde el grupo municipal se recuerda que esta situación vulnera derechos básicos como la intimidad familiar y el respeto a la memoria de los fallecidos, principios reconocidos por la jurisprudencia constitucional, entre ellos la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2014, que ampara la dignidad y el derecho a ser informados ante decisiones de esta naturaleza.
Molina considera “inadmisible que el Ayuntamiento de La Laguna, bajo la responsabilidad del actual gobierno de PSOE y Coalición Canaria, no haya adoptado medidas de control y verificación antes de proceder a la apertura de los nichos”. El portavoz recuerda que “la falta de planificación y de sensibilidad con las familias vuelve a poner de manifiesto el desorden en la gestión municipal”.
El Partido Popular ha solicitado la apertura de un expediente de investigación que determine las causas y posibles responsabilidades de las exhumaciones realizadas sin comunicación fehaciente, y exige que se depuren responsabilidades políticas por lo ocurrido.
“El Ayuntamiento se está enfrentando a una gestión ineficiente y temeraria de nuestros difuntos”, sentenció Molina, insistiendo en que “no se trata sólo de un problema administrativo, sino de una cuestión de humanidad y respeto hacia las familias laguneras”.
