El coordinador insular del Partido Animalista PACMA en La Palma, Fernando Martín, ha expresado su condena por los hechos ocurridos en el municipio de Tegueste (Tenerife), donde un perro fue brutalmente asesinado y decapitado hace aproximadamente una semana, en un caso que ha conmocionado a la sociedad canaria y española.
«Nos solidarizamos con el dolor de sus responsables y con todos aquellos que se han visto afectados por este acto de extrema crueldad, impropio de una sociedad civilizada», explica.
Hechos como este no son aislados. Desde PACMA, formación política que ha llevado por bandera el endurecimiento de las penas por maltrato animal desde su nacimiento en el año 2003, denuncian la «escasa respuesta institucional y legislativa» ante delitos de maltrato animal que se siguen tratando con lo que consideran «una tibieza inaceptable».
El coordinador insular añade que el Partido Animalista lleva años alertando de la «necesidad urgente de actualizar el Código Penal para que los delitos de maltrato animal tengan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos y acordes al reconocimiento legal de los animales como seres sintientes por el propio Código Civil».
La reforma del Código Civil en 2021 supuso un avance al reconocer la sensibilidad de los animales y abrir la puerta a su protección jurídica, pero fue rápidamente empañada por una reforma penal insuficiente, cuyas penas rara vez conllevan ingreso en prisión, permitiendo que muchos maltratadores reincidan con total impunidad.
«Estamos ante una clase política cobarde con una escasa altura moral y donde las propuestas, como debería ser el aumento de penas a nivel europeo de los delitos de maltrato a los animales, son atacadas con enmiendas que solo buscan proteger a diversos colectivos, y a su vez generan la impunidad en casos como el ocurrido recientemente».
Asimismo, las penas de inhabilitación para la tenencia de animales siguen siendo simbólicas y carecen de mecanismos eficaces de control.
«Desde PACMA instamos a los poderes legislativo y ejecutivo a que escuchen a la ciudadanía, mayoritariamente escandalizada ante estos crímenes, y a que promuevan una verdadera reforma del Código Penal que endurezca las penas por maltrato animal, tal y como ya ocurre en otros países europeos donde estos delitos pueden ser castigados con hasta cinco años de prisión», sostiene Martín, que ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento al poder judicial para que, dentro de los límites actuales de la ley, «aplique sanciones ejemplares y no minimice la gravedad de estas conductas».
