La portavoz de Drago Canarias en La Palma, Sara Hernández, ha respondido a las últimas declaraciones consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, declarando que “lo que necesitamos en La Palma no es cambiar de chip, sino que el Consejo Insular de Aguas (CIALP) haga su trabajo y vele por un uso racional y eficiente del agua”.
Esta reacción se produce tras las declaraciones de Miranda de esta semana en la propia sede del Cabildo palmero, cuando afirmó que hay que “cambiar el chip y asumir que el agua industrial, a través de desaladoras, va a ser necesaria en algunos puntos de la Isla”. Sin embargo, Hernández defiende que no debemos centrar todos nuestros esfuerzos en producir más, sino en gestionar mejor la que tenemos.
Tal y como explica Hernández, el CIALP “se excusa en que tan solo puede actuar sobre el 10 % que constituye actualmente el agua pública, pero la realidad es que la legislación también les permite controlar, vigilar y sancionar a quienes gestionan el 90 % restante”.
En este sentido, Hernández sostiene que “quien tiene que cambiar el chip es Coalición Canaria, y dejar de gobernar para contentar a los que mercadean con el agua y empezar a gobernar para quienes la necesitan para vivir y trabajar” y especifica que “en una isla con recursos limitados, la planificación hídrica no debería enfocarse en producir más, sino en acabar con las pérdidas y en reducir la demanda”.
“En este sentido, el problema de escasez al que nos estamos enfrentando se está afrontando de una manera inaceptable —prosigue Hernández—, imponiendo recortes del agua pública que gestiona el CIALP a algunas zonas como Fuencaliente, mientras que en el Valle, quien pueda pagarla la tiene sin limitaciones” y añade que “a esto se suma el agravante de que, por la forma en que está configurado el sistema de venta y uso, aquellos agricultores que sí utilizan técnicas de ahorro se ven obligados a desechar los excedentes”.
Sobre esta cuestión, Hernández afirma que “por más que lo nieguen, el control de la gestión del recurso sí está en manos del Consejo, puesto que según la Ley de Aguas de Canarias, tanto el deber de velar por un aprovechamiento racional y eficiente como el derecho de sancionar infracciones en este sentido es potestad del propio Consejo, del señor Miranda y del Gobierno de Canarias”, lo que significa que “Coalición Canaria tiene en su mano velar por el buen uso del agua en La Palma, pero en su lugar está dejando hacer y deshacer a su antojo a los explotadores privados”, remarcó Hernández.
“Por si fuera poco, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, declaró que la desaladora que están defendiendo también servirá para las futuras instalaciones turísticas”, comenta Hernández, y añade que “es indignante que pongan como excusa al sector primario, pero para lo que realmente están planificando su instalación sea para alimentar a más hoteles a nuestra costa, y encima con dinero público”.
Hernández concluye indicando que “la producción industrial, los hoteles, los campos de golf y los balnearios de cinco estrellas no deberían estar en el centro del debate, y que lo estén no denota brillantez o visión estratégica alguna”.
