Cuando hablamos de la situación de la dependencia en Canarias, de inmediato pensamos en las personas dependientes, o en los políticos que deciden presupuestos y trazan prioridades, pero con menos frecuencia nos vienen a la mente los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos que convierten el texto de la Ley en realidad para los usuarios finales. Conviene detenerse un momento en el personal de la Dirección General, en el corazón de la dependencia, desde donde se bombean ayudas y prestaciones que mantienen viva la dignidad de nuestros dependientes, gestionando y ejecutando lo que la Ley les otorga como derecho.
Como en todo el tercer sector, la atención a la dependencia requiere de una vocación singular. No es un trabajo mecánico ni seco, de fichar y desentenderse hasta el día siguiente, porque no se tramitan expedientes. Se trabaja para personas. Créanme si les digo que todo el personal de la Dirección General, del primero al último, es consciente de esta sensible circunstancia y la tiene presente en su día a día laboral. Lo sé porque tuve el honor de estar al frente de ese organismo durante un periodo en el que no dejé de admirar el empeño y la entrega del personal.
Cuando llegué a la Dirección General encontré un grupo de trabajadores y trabajadoras entusiastas pero comprensiblemente exhaustos, después de años de sobrecarga de trabajo (pocas manos pudiendo ofrecer soluciones para tantísimas manos pidiéndolas) y de una situación laboral precaria, en la que a menudo los trabajadores tenían que poner sus propios recursos, como sus vehículos, al servicio de su trabajo.
Enseguida entendí que esa dinámica debía cambiar si queríamos dar un impulso a la dependencia en Canarias, porque los trabajadores son los que mueven la rueda, y sin motivación ni apoyo esa rueda dejaría de girar en algún momento. No se puede explotar la vocación ni esperar que ésta supla las carencias laborales que corresponde cubrir a la Administración.
Si algo he aprendido de mi padre, José Manuel Arocha, y de cómo afrontaba la gestión pública, es que hay que saber escuchar a los que están en la primera línea del frente, batiéndose el cobre día tras día. Durante mi etapa, procuré que las reuniones fueran habituales, en ocasiones incluso diarias; se tomaron decisiones trascendentales para la mejora del servicio, siempre con consenso, valorando pros y contras. Escuchando.
La mejora del ambiente laboral se tradujo en un aumento de la productividad, que nos llevó a atender a casi 20.000 personas en una sola legislatura, tantas como en los 13 años anteriores de vida de la ley, cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios que había trazado el Gobierno socialista de Ángel Víctor Torres: sacar a Canarias del vagón de cola de la dependencia. Cuando los medios se elevan a la altura de las ganas de trabajar de un equipo, pasan cosas asombrosas.
Por eso observo con pena y con rabia los retrocesos de este primer año del Gobierno de CC y PP en Canarias, que ha devuelto a la Dirección General y a sus trabajadores a una situación caótica. Baste recordar que hace unos meses se pedía ya la dimisión de la nueva directora. Trabajadores con experiencia y conocimiento se ven ahora relegados, sus aportaciones son ninguneadas y el buen ritmo que se logró se ha frenado en seco.
El goteo de bajas y abandonos en la Dirección General es continuo, ante el silencio y la inacción, preocupantes pero también elocuentes, por parte de la consejera, totalmente desentendida de su área a pesar del malestar evidente entre el personal y sus representantes.
La dependencia en Canarias necesita financiación pero también un equipo humano experimentado y motivado que gestione los recursos, y con CC y PP corremos el riesgo de perder las dos cosas. Y al final, las personas dependientes pagan unos platos que no han roto, unos platos que ha roto la soberbia de dirigentes incapaces de aprovechar todo el buen talento que tenemos.
