En la isla de Gran Canaria, donde el sol brilla y la tierra es fértil, las personas agricultoras y ganaderas enfrentan una batalla silenciosa pero desafiante: la lucha por su soberanía alimentaria en un entorno regulado por la normativa europea y los acuerdos comerciales con terceros países.
La normativa europea, si bien busca garantizar estándares de calidad y seguridad alimentaria, a menudo impone restricciones y regulaciones que dificultan la competitividad de los productos locales, Las personas agricultoras y ganaderas canarias se encuentran atrapadas en un laberinto burocrático, enfrentando costos adicionales y requisitos complejos que limitan su capacidad para competir en el mercado global.
Pero el desafío va más allá de las fronteras europeas. Los acuerdos comerciales con terceros países, si bien pueden abrir oportunidades de exportación, también pueden inundar el mercado local con productos mucho más baratos, minando la viabilidad económica de las personas agricultoras y ganaderas locales. La competencia desleal y el riesgo de dependencia alimentaria son preocupaciones palpables para aquellas personas que trabajan en el mundo rural con pasión y dedicación.
Esos acuerdos comerciales que Europa tiene con terceros países no aseguran estándares sanitarios y de trazabilidad para proteger la salud pública y la transparencia en la cadena de suministro. Tengo serias dudas de que esas medidas se cumplan con garantías en esos terceros países y se garantice la seguridad de los consumidores.
La soberanía alimentaria no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de identidad y sostenibilidad. Las personas agricultoras y ganaderas de Gran Canaria son guardianas de tradiciones centenarias y custodios del paisaje agrícola único de la isla que además contribuyen a crear el paisaje mosaico para luchar contra los grandes incendios forestales. Sin embargo, su capacidad para preservar este legado se ve amenazada por fuerzas externas que priorizan el beneficio económico sobre la comunidad local y el medio ambiente.
Es hora de que se escuche la voz de las personas agricultoras y ganaderas de Gran Canaria y se les brinde el apoyo necesario desde el Estado y Europa para proteger su soberanía alimentaria. Esto implica no solo la revisión de políticas y acuerdos comerciales, sino también el fomento de sistemas alimentarios locales y sostenibles que valoren y respalden la producción agrícola a pequeña escala como así lo está haciendo el Cabildo Insular de Gran Canaria con la valorización de sus productos y la promoción de nuestros productores. Solo así se podrá asegurar un futuro próspero y resiliente para todo el sector de la Agricultura y Ganadería y para toda la comunidad de Gran Canaria.
El compromiso del Cabildo Insular de Gran Canaria con el sector primario es digno de reconocimiento. A través de subvenciones, apoyo a eventos promocionales y actividades de investigación y transferencia de conocimiento, están proporcionando un respaldo vital a las personas agricultoras y ganaderas locales.
Esta iniciativa no solo fortalece la economía rural, sino que también promueve la valorización de los productos locales y fomenta la innovación en el sector. Es un ejemplo inspirador de cómo las instituciones pueden trabajar en colaboración con la comunidad para impulsar el desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria en la isla.
*Diego Fernando Ojeda Ramos, exconcejal del Ayuntamiento de Telde y asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.
