Desde hace dos años, los inspectores han estado esperando que se cumplan las promesas de equiparar sus complementos salariales a los del resto de trabajadores de la administración, dar soluciones al desplazamiento, cubrir plazas y sustituciones, solucionar el turno de noche en los mataderos y crear un grupo de trabajo para analizar las condiciones laborales.
A pesar de que estos compromisos fueron formalizados en marzo del año 2022, hasta la fecha de hoy ninguna de estas promesas se ha materializado. En un desalentador giro de los acontecimientos, la promesa incumplida del Gobierno de Canarias ha sumido a los inspectores de Salud Pública en una espera interminable. Esta falta de acción por parte del Gobierno de Canarias ha llevado a la asociación de inspectores de Salud Pública a presentar una demanda contra la Consejería de Sanidad por incumplimiento de acuerdos. El asunto se llevará a los tribunales el próximo mes de septiembre.
Jorge Lahoud destaca «la gravedad de esta situación, ya que los inspectores de Salud Pública desempeñan un papel fundamental en la protección y promoción de la salud pública en Canarias. Su labor es esencial para garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno demuestra una clara falta de valoración y respeto hacia estos profesionales. Esta situación no solo pone en entredicho la credibilidad de las autoridades sanitarias, sino que también expone a estos profesionales a condiciones laborales precarias y desafiantes».
Hablemos AHORA exige al Gobierno de Canarias que cumpla de inmediato con los compromisos adquiridos y que garantice unas condiciones laborales justas y equitativas para los inspectores de Salud Pública. Es inadmisible que, después de dos años de espera, la situación siga sin resolverse y que se haya tenido que recurrir a la vía judicial para obtener una respuesta.
Jorge Lahoud concluye reafirmando «el compromiso de Hablemos AHORA con la defensa de los derechos laborales y el respeto a los profesionales de la Salud Pública. Insta al Gobierno de Canarias a poner fin a esta situación de injusticia y a cumplir con sus responsabilidades hacia el colectivo de inspectores de Salud Pública, quienes merecen el reconocimiento y la valoración por su labor indispensable para la sociedad canaria. La transparencia, la responsabilidad y el respeto por los compromisos adquiridos son fundamentales para garantizar un entorno laboral justo y equitativo para todos».
