El Gobierno de Canarias ha destinado este año más de 41 millones de euros a mejorar la formación y empleabilidad de los parados de larga duración, un colectivo que representa más del 45% del desempleo en las islas, según explicó este miércoles en el Parlamento de Canarias la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
Durante su intervención, De León subrayó que en Canarias hay 77.870 parados de larga duración, es decir, demandantes que llevan más de un año buscando trabajo, una cifra que tildó de “preocupante” y que nos sitúa entre las Comunidades Autónomas con un porcentaje más alto.
“En los últimos ocho años hemos conseguido reducir únicamente un 4% la tasa. Es evidente que tenemos un problema estructural de difícil solución y que lo que estamos haciendo no es suficiente para este colectivo, que no quiere vivir de subsidios y necesita una oportunidad”, remarcó la consejera.
Del total de 77.870 parados de larga duración, 72.000 cobran prestaciones sociales. La mayor parte se concentra en Tenerife y Gran Canaria, tiene más de 45 años y le cuesta encontrar una oportunidad laboral porque carece de formación adecuada, competencias clave, o de un certificado profesional.
Frente a este problema, De León explicó que el Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Turismo y Empleo, ha puesto en marcha este año dos líneas de ayudas para incentivar la contratación en específico de este colectivo, por un importe global de 41,7 millones de euros, que alcanzarán a más de 4.000 demandantes.
La primera convocatoria corresponde al Programa de Empleo Social 2023-2024, suscrito junto a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y dotado con 30 millones de euros; mientras que la segunda consiste en una línea de apoyo a proyectos generadores de empleo que incluyan planes formativos, realizados en colaboración con los municipios y financiada con 11,7 millones de euros.
Programa piloto de FP Dual en La Palma
De León señaló que a estos dos programas de ámbito regional hay que sumar el proyecto piloto de Formación Profesional Dual en La Palma, isla que merece “un trato diferenciado” tras la erupción del volcán. Esta nueva convocatoria, que se encuentra abierta y se resolverá a finales de 2023, apuesta por la colaboración público-privada, poniendo en el centro el papel clave de las empresas palmeras interesadas en acoger participantes, a los que se capacitará y remunerará por el trabajo realizado a través de un contrato de formación en alternancia.
Nuevas políticas de empleo en 2024
En 2023, el SCE ha atendido en conjunto a unas 93.000 personas, con una inversión global de 256 millones de euros, a través. A pesar de estos esfuerzos, subrayó De León, “Canarias repite como una de las regiones con más parados de larga duración, lo que prueba que las medidas son insuficientes”.
Por ese motivo, anunció que en 2024 se acometerá una renovación de muchas de las políticas del SCE, con el objetivo de ampliar las competencias curriculares de los demandantes y “adaptar los programas formativos a las necesidades del sistema productivo, es decir, de las empresas”.
Con el fin de que las políticas sean lo más efectivas posibles, para la consejera será clave, además, “conocer mejor el perfil de los demandantes de empleo, detectando sus problemas, tanto en términos de cualificación como de motivación”. En este sentido, avanzó que próximamente la Consejería dará a conocer “varios estudios sobre los mercados de trabajo por islas y comarcas”. Anunció además que en las islas no capitalinas se estudiarán iniciativas para los municipios de menos de 5.000 habitantes que no pueden adaptarse a las convocatorias del SCE.
Todos estos objetivos, apuntó De León, serán inalcanzables si no se “potencian las capacidades del SCE, a través de un proceso de transformación digital, adecuación de la estructura y mejora de la organización interna”, por lo que la Consejería ya ha comenzado a trabajar para reformular la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y reforzar la plantilla del organismo.
