La Plataforma por un Precio Justo del Plátano va a solicitar al ministro de Agricultura, Luis Planas, una reunión urgente sobre la gravísima situación que atraviesa el sector platanero de La Palma, por los bajos precios a los que se les paga el kilo de plátano (0,20 céntimos) y el encarecimiento de los costes del agua, energía, abonos…, «lo que demuestra que fue un tremendo error» dejar este cultivo fuera de la Ley estatal de la Cadena Alimentaria, que persigue que el productor no cobre por debajo del coste de producción.
La solicitud de que intervenga el ministro se produce después de que la consejera de Agricultura del Gobierno canario, Alicia Vanoostende, no haya celebrado antes delas elecciones la reunión con el sector que a finales de abril le pidió por escrito esta plataforma, y a pesar de que posteriormente mantuvo una conversación informal con el portavoz de este colectivo, Juan Carlos Rodríguez, en el que se dio por enterada de esta petición.
«Un agricultor tiene que cubrir para poder continuar, pero los intermediarios de nuestro sector, con Asprocan a la cabeza, son tan poderosos que los gobiernos no se atreven a tocar sus intereses y por eso nos dejaron fuera de la Ley de la Cadena Alimentaria, a pesar de que, de forma paradójica, es una iniciativa legislativa que se empezó a promover precisamente por nosotros, agricultores palmeros», se queja el portavoz de la plataforma, quien advierte de que se trata «de la peor crisis que ha pasado el sector platanero por lo menos en La Palma».
En la actualidad, según denuncia Rodríguez, muchos pequeños productores de plátano en la Isla Bonita están «al borde de la ruina y de la pobreza», por un sistema que tiene su raíz en una «perversión» de lo que fue la finalidad de las cooperativas cuando se crearon para comercializar el plátano canario.
«Un día», expone este activista platanero, «la gente encargada de la comercialización, que en su origen eran trabajadores de la cooperativa y por tanto empleados de los agricultores, se desvinculó de quien sostenía su mantenimiento, y se convirtió en un lobby, que ha logrado que el plátano canario no se beneficiara de la Ley de Cadena Alimentaria, que obligaría a cubrir los costes de producción para los agricultores».
«El problema», añade la plataforma, «es que alguien decidió que todos esos empleados que eran necesarios para comercializar debían tener sus beneficios garantizados, fuera cual fuera la coyuntura de las ventas, y, por lo tanto los únicos que han tenido que asumir las pérdidas son los agricultores, que en realidad son quienes pusieron el dinero para las cooperativas y los verdaderos protagonistas de toda esta cadena, que ahora se empobrecen cada vez más».
Para rematar esta situación, con ocasión de la pasada campaña electoral, el Gobierno canario «rescató propagandísticamente y como cortina de humo que una ley de cadena alimentaria sin ningún tipo de contenido, ya que está a medio terminar porque ningún Gobierno se enfrentará nunca con los multimillonarios que han salido de la comercialización del plátano de Canarias».
