El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, destaca que “la nueva normativa sobre protección animal en granjas aprobada por el Gobierno central supone un paso importante de cara a mejorar las condiciones de estas instalaciones en las islas”. Una situación que, además, “facilitará los controles por parte de las autoridades competentes para evitar situaciones de sufrimiento animal”.
Añade que el nuevo panorama legal obligará a que las explotaciones puedan adecuar su funcionamiento a las exigencias de la Unión Europea y avanzar hacia una aplicación de la Política Agraria Común más efectiva.
Fernández de la Puente insiste en que “la nueva normativa supone una garantía para la gestión de la actividad en granjas, al contemplar la obligatoriedad de un plan de bienestar animal en todas las explotaciones a partir de cierto tamaño”.
A su vez, señala que los aspectos contemplados respecto a las condiciones de las granjas y el manejo de animales implica “un importante logro de cara a evitar situaciones de sufrimiento animal”.
El diputado explica que aspectos como los nuevos valores en materia de densidad máxima de animales en las granjas y las condiciones establecidas respecto a su alimentación, agua, comedores y condiciones ambientales repercutirán no solo en el bienestar de los animales sino que contribuirán a reducir el impacto ambiental de estas instalaciones. Un aspecto que, apunta, “cobra especial importancia en el caso de Canarias”.
Por otro lado, destaca que la normativa facilitará las labores de control de la operativa de las granjas, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de los animales y garantizar la seguridad y buen funcionamiento de las explotaciones. Respecto a ese último punto, Fernández de la Puente señala que se introducirán nuevas medidas para incidir en aspectos clave, como la información sobre la cadena alimentaria.
El diputado valora que se siga dando prioridad a la protección animal. En este sentido, destaca el trabajo que se viene haciendo en este ámbito a nivel nacional y que ha colocado a España en una situación de referencia en los últimos meses, al convertirse en el primer país de la Unión Europea en implantar videovigilancias obligatorias en los mataderos. Una medida que representa una herramienta minimizadora del sufrimiento animal durante la descarga, el traslado, la estabulación o el aturdimiento de los animales.
