El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, pedirá al Gobierno de Canarias que explique si conocía la trama que extorsionaba a empresarios del sector ganadero y sí tenía conocimiento de las actuaciones irregulares que se investigan en el denominado caso Mediador, “tras comprobar cómo una vez más el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, da la callada por respuesta”.
Por esta razón, el diputado popular preguntará en la próxima comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tendrá lugar el viernes 24, por los verdaderos motivos que provocaron el cese del exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes.
Juan Manuel García Casañas asegura que, ante este nuevo supuesto caso de corrupción que salpica al Ejecutivo de Torres, el Gobierno de Canarias tiene que actuar con “transparencia” y “ofrecer explicaciones” a la opinión pública para esclarecer si el pasado mes de junio, cuando se cesó al entonces director general de Ganadería, ya tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y qué controles existen en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca “para que hechos de este tipo no ocurran”.
“Es inadmisible que el presidente Torres se parapete tras la consejera responsable del sector primario en el Archipiélago para eludir dar explicaciones. Este escándalo no puede seguir la misma trayectoria que el caso Mascarillas, que el Gobierno negó desde un primer momento, que se llevó por delante al director general del Servicio Canario de la Salud y que está en manos de la Fiscalía Europea”, denunció el diputado popular.
El diputado del PP adelantó que además de esta pregunta en comisión, exigirá a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca que comparezca en el Parlamento de Canarias para ofrecer explicaciones de estos hechos a todos los canarios, y en especial a los ganaderos de las Islas, uno de los sectores más afectados por la pandemia y en el que existe verdadera preocupación por lo que está ocurriendo.
Por último, Juan Manuel García Casañas aseguró que el Partido Popular respeta la presunción de inocencia pero “ante unos hechos tan graves y escandalosos que no solo afecta a miembros del Partido Socialista sino también al Ejecutivo regional es necesario que alguien asuma la responsabilidad, dé la cara y arroje luz a uno de los capítulos más sangrantes de los últimos años en Canarias”.
