No hay justicia social si no hay justicia fiscal. Esta es la máxima que mejor representa los Presupuestos Generales del Estado que acaba de aprobar el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Unas cuentas para el ejercicio 2023 dirigidas a la mayoría social de este país, que aportan tranquilidad y certezas y que, además, van acompañadas de una clara invocación a la solidaridad por parte de quienes más tienen y más se están beneficiando de la difícil coyuntura global.
Grandes fortunas y grandes compañías a las que, en un momento de máxima incertidumbre como el actual, les pedimos que echen una mano al conjunto de la sociedad española y ayuden, a través de un recargo fiscal temporal, a proteger los servicios esenciales, a reforzar el sistema de salud pública, el sistema educativo o a salvaguardar el sistema de pensiones.
La batería de medidas desplegadas por este Gobierno para paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis energética y de precios que ha provocado la guerra de Putin no tiene precedentes y exige la implicación de todos, especialmente de aquellos que más tienen. Por ello, los socialistas apostamos por un sistema fiscal progresivo, donde quienes más capacidad tienen más colaboren. Y así, con la aplicación de este impuesto temporal, contar con 3.000 valiosos millones de euros en los dos próximos años que serán utilizados en blindar los servicios esenciales.
Evidentemente la derecha se ha opuesto a esta medida. En cambio, eliminar el impuesto de Patrimonio como sí han hecho en Andalucía o Madrid solo ha supuesto un regalo fiscal a una minoría de privilegiados de grandes consecuencias para el conjunto de la sociedad. Desciende la recaudación pública y, con ella, la capacidad de respuesta de la sanidad, la educación o la dependencia, debilitando así el legítimo derecho a la igualdad de oportunidades. A estas alturas ya sabemos qué intereses no defiende el PP y mucho menos Vox: los de la clase media y trabajadora. Los de la mayoría.
Pero frente a tanto ruido, a sus insultos y a esa posición de sistemático bloqueo, España y Canarias avanzan; avanzamos porque protegemos a la gente, porque gracias a los fondos europeos la economía crece; avanzamos porque a las grandes empresas les pedimos un mayor esfuerzo mientras se lo aliviamos a la mayoría de ciudadanos, porque damos estabilidad en un momento en el que nuestra gente más la necesita.
Los socialistas defendemos una política fiscal alternativa, temporal y solidaria, mientras que la derecha defiende a los grandes intereses, a los grandes capitales. Ni siquiera es creíble este PP que, desde la oposición, clama por la bajada de impuestos pero que cuando está en el gobierno los sube. El último gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo la mayor subida del IVA y del IRPF a la vez que aprobaba amnistías fiscales para una minoría privilegiada.
Son muchos los países de nuestro entorno que se están planteando aumentar los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas energéticas y a las entidades financieras, y es lógico. Para financiar todas las ayudas a las familias y los sectores más afectados por la guerra en Ucrania es necesario tener un sistema fiscal fuerte y justo.
Eso es lo que estamos haciendo con este gravamen que tiene un carácter transitorio, junto otras medidas que también acompañarán a los nuevos Presupuestos Generales del Estado, como los beneficios fiscales a las rentas bajas, el incremento en becas y pensiones o la subida del Ingreso Mínimo Vital. Todo ello hará que en 2023, en Canarias y en el conjunto de España, contemos con las cuentas generales más sociales de la historia. Justicia social, justicia fiscal.
